Un proyecto de ley que exige que los alguaciles de Texas colaboren con las autoridades federales de inmigración se dirige al gobernador Greg Abbott. El alguacil del condado de Cameron, Manuel Treviño, afirmó que está tratando de determinar qué implicaciones tendrá esto para su oficina y sus agentes.
Tenemos una obligación. Si el gobernador dice que esta es una nueva ley que ya entró en vigor, tenemos que actuar al respecto, dijo Treviño.
Si se convierte en ley, el Proyecto de Ley 8 del Senado entraría en vigor en septiembre de 2025.
Según Treviño, la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron actualmente apoya al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, pero no está haciendo cumplir las leyes de inmigración.
“Nuestra prioridad es asegurarnos de que los agentes estén seguros y que los ciudadanos que están allí también mantengan la paz”, dijo Treviño.
Según la SB 8, los alguaciles de Texas tendrían que elegir uno de tres programas federales para unirse.
Los programas incluyen un modelo de cumplimiento de la ley en prisión, donde los oficiales trabajan para identificar a personas que están en el país ilegalmente y que actualmente se encuentran en la cárcel con cargos estatales.
Un programa de servicio de órdenes judiciales es un programa en el que las fuerzas del orden locales entregan órdenes judiciales a personas que se encuentran en el país ilegalmente y que se encuentran en la cárcel.
La tercera opción, un modelo de grupo de trabajo, consiste en que las fuerzas del orden locales se unan a los agentes del ICE durante sus tareas rutinarias.
Si Abbott convierte el proyecto en ley, Treviño dijo que elegirá el modelo de cárcel.
“Cuando traen a una persona, la entrevistan para ver cuál es su estatus legal y luego estoy seguro de que habrá una especie de lista de verificación para ver si califica o no para una orden de detención”, dijo Treviño.
Treviño afirmó que los carceleros deberán recibir capacitación especializada financiada con una nueva subvención hasta que se apruebe el proyecto de ley. No quiere que los fondos locales destinados a su oficina se utilicen para fines federales.
Treviño dijo también estar preocupado por lo que esto significaría para la población de su cárcel, y agregó que el Centro de Detención de Carrizales está a su máxima capacidad con 1,500 reclusos.
“Esperamos que Ice pueda recogerlos rápidamente, esperamos que puedan trabajar con nosotros en ese aspecto”, dijo Treviño.
.
