El Gobierno mexicano ha reconocido que la pandemia se va a llevar por delante, al menos, un millón de empleos. Un mordisco considerable para un mercado de 20,5 millones de trabajadores formales. Solo la caída de 500.000 empleos en abril, últimos datos disponibles, supone el mayor golpe desde que hay registros. Cuestionado por las tibias medidas económicas tomadas hasta ahora para responder a la crisis de la covid-19 -básicamente, austeridad presupuestaria y apuntalamiento de las ayudas sociales ya en marcha-, Andrés Manuel López Obrador anunció el domingo que México está preparado para generar dos millones de puestos de trabajo de aquí al final de año. Un ritmo de creación de empleo que, de hacerse realidad, sería insólito en la historia reciente del país. Un reto que se antoja aún más aventurado teniendo en cuenta el contexto de extrema debilidad de la economía mexicana y mundial.
Durante la conferencia de este lunes, el presidente mexicano incidió en los números que baraja el Gobierno. Pero su explicación se limitó a desglosar una cascada de cifras que espera obtener como derrama de proyectos sociales y de infraestructura ya presupuestados, así como del aumento de plazas del Ejército. Expertos y analistas estiman muy optimista el pronóstico y reclaman una mayor concreción en el plan. Apenas se ha dado información de cuál será la financiación en tiempos de reducción del gasto público. Tampoco se conocen los detalles de la calidad y extensión de esos nuevos contratos laborales previstos.
Las becas no son contratos laborales
La fuente principal de empleo según los datos del López Obrador es el programa Jóvenes construyendo su futuro. Se trata de uno de los proyectos sociales estrella del Gobierno, dedicado a la capacitación laboral de personas de entre 18 y 29 años a cambio de una beca mensual de 160 dólares. Los datos oficiales pronostican 230.817 empleos generados por esta vía hasta final de año. El presidente no ha aclarado en su anuncio si esa cifra corresponde a nuevos beneficiarios del programa o a contratos laborales efectivos. “El programa no crea una relación laboral, se trata de una beca. De hecho, las reglas de operación no permiten que se pueda trabajar y estar cobrando la beca al mismo tiempo. Y una vez terminada la beca, el porcentaje de jóvenes que acceden a un puesto laboral es muy pequeño, un contrato de cada 10 beneficiarios, aproximadamente”, apunta Joyce Sadka, profesora de Derecho y Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
En algo más de un año desde su arranque, el programa suma a 1,3 millones de beneficiarios. Dando por hecho que la cifra anunciada, de 230.000, se corresponde con la parte del ese total de jóvenes que finalmente son contratados, el porcentaje sería uno de cada seis. “Es un porcentaje muy optimista teniendo además en cuenta el estado de la economía y las empresas”, añade Sadka.
Temporalidad y precariedad
La otra gran pata en la que se apoya el plan es la relativa a las obras de infraestructura y construcción: los megaproyectos del Tren Maya en la península de Yucatán; el nuevo aeropuerto a las afueras de la capital o la refinería que se construirá en el Estado de Tabasco (sureste). Junto a otras dos partidas más relacionadas con las obras públicas y mejoramiento de carreteras -de las que solo se conoce la inversión del primero: 35.000 millones de pesos (1.500 millones de dólares)- saldrán supuestamente otros 500.000 empleos. “Es muy aventurado pensar que de los proyectos de infraestructura se vayan a derivar esas cifras de empleo. Tanto la refinería como el tren o el aeropuerto son proyectos muy intensivos en capital más que en empleo. Parece, sin embargo, que López Obrador los está contemplando como proyectos generadores de empleo temporal”, apunta Valeria Moy, directora general del centro de análisis México ¿Cómo Vamos?
El Gobierno ya ha licitado cuatro tramos del recorrido del tren maya a empresas privadas. El quinto será ofrecido el próximo mes, según ha informado el presidente la mañana del lunes. Las obras del aeropuerto, en manos del Ejército, también han comenzado los concursos. “En estos procesos, el Gobierno suele elegir a quién presente el plan económico. Y las empresas constructoras suelen abaratar costos por vía del apartado laboral”, señala Sadka. El trabajo en el sector de la construcción, añade la académica del ITAM, suele de ser de baja calidad: “son salarios bajos y rara vez cuenta con seguro social. Tampoco sabemos qué mecanismos de monitoreo tendrá el Gobierno. ¿Habrá inspecciones de trabajo? ¿Habrá cláusulas con sanciones para las empresas?”
Empleo público: escaso y caro
Del total de empleos previstos por el Gobierno mexicano, tan solo 100.000 serían puestos fijos y con condiciones estables. Se trataría de los apartados destinados al aumento de plazas en los sectores de seguridad y salud, en la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la contratación de médicos y enfermeras. En todo caso, estos nuevos puestos de trabajo tampoco podrían equiparse a las plazas perdidas en el mercado privado, donde empresas y empleado comparten el pago de gastos y prestaciones vía el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se trata de una modalidad más cara para el Estado. “El Gobierno paga el salario del trabajador y su contrato de Seguridad Social a través del ISSSTE (Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado)”, señala Moy. Todo esto en un contexto de duro recorte del empleo público. El último tijeretazo, ya en plena pandemia, establece un ahorro del 75% del presupuesto en partidas de servicios generales, metales y suministro. Una medida que también ha generado muchas molestias al interior de la Administración, donde los funcionarios de alto nivel deben rebajarse el sueldo en lo que resta de 2020.
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De sus programas ´estrella´ AMLO sacará los 2 millones de empleos que prometió
26 / Mayo / 2020
Este logro se dará por Bienestar y la reactivación económica, dice
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