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La Comisión de Ética de Texas impuso una multa de $10,000 –el doble del límite de $5,000 en sanciones electorales– al ex candidato D-37 de la Cámara de Representantes de Texas, Rubén Cortez, después de descubrir que violó repetidamente la ley electoral al no presentar informes financieros electorales, presentarlos tarde y no responder repetidamente a sus avisos y consultas.
Además, el TEC le dio 30 días a partir de la notificación del fallo en rebeldía del 24 de junio para pagar la multa de $10,000 o la sanción civil será remitida a la Oficina del Procurador General de Texas, al igual que los pagos de manutención infantil, para procedimientos de cobro. No se ha informado de ningún pago de las sanciones.
La TEC emitió su sentencia en rebeldía y orden final el 24 de junio de 2024 después de celebrar una audiencia de revisión preliminar el 18 de junio en Austin, donde Cortez no se presentó a responder a dos quejas a pesar de los numerosos esfuerzos documentados por parte de la TEC a través de correo certificado, llamadas telefónicas y correos electrónicos, todos los cuales no respondió o ignoró.
El TEC determinó que había dado a Cortez un aviso legalmente suficiente y que éste no había demostrado buena fe para abordar las violaciones.
Al considerar la evaluación de las multas, los examinadores del TEC declararon que evaluaron los siguientes factores:
1. la gravedad de la violación, incluidos la naturaleza, las circunstancias, las consecuencias, el alcance y la gravedad de la violación;
2.la historia y el alcance de las violaciones anteriores;
3. la buena fe demostrada por el infractor, incluidas las medidas adoptadas para rectificar las consecuencias de la infracción;
4. La sanción necesaria para disuadir futuras infracciones;
5. y cualesquiera otras materias que la justicia requiera
Con quórum presente, la junta de TEC encontró que el hecho de que Cortez no respondiera a las quejas juradas “demuestra una falta de buena fe” al presentar tarde los informes semestrales de julio de 2022, enero de 2023 y julio de 2023, y no presentó tres informes de la sesión legislativa especial de 2023.
“Dado el patrón de desprecio del demandado por el proceso de denuncia jurada y las leyes aplicadas por el TEC, se justifica una sanción sustancial”, señala la orden.
El último informe de finanzas de campaña de Cortez, presentado el 20 de mayo de 2024, indica que de febrero a mayo había recibido $42,330 en contribuciones políticas para la segunda vuelta de las elecciones del 28 de mayo para D-34, que perdió ante el ex juez de paz de Brownsville, Jonathan Gracia, gastó $347,164 y le quedaban un total de $11,192 el último día del período del informe.
Entre quienes contribuyeron con los fondos de sus miembros para ayudar a que Cortez fuera elegido se encontraban organizaciones como la Asociación de Educadores Profesionales de Texas ($3,000), Patrick Hammes, presidente de la Federación Estadounidense de Maestros de Brownsville Educators Stand Together (BEST) Leader ($1,000), Planned Parenthood of Texas Votes ($3,000), Texas AFL-CIO State Cope Fund, Texas Parent PAC ($2,500), la Asociación de Maestros del Estado de Texas ($1,000),
Otros contribuyentes notables al intento fallido de Cortez de ser representante estatal fueron el ingeniero de Brownsville Carlos Marín ($1,500), Joe Salazar, un agente de seguros de Brownsville ($500), el asesor legal de la junta del Distrito Escolar Independiente de Brownsville O’Hanon, Demerath y Castillo ($1,000), El Padrino Bail Bonds ($2,500), y Nicole Ortiz ($10,000), una residente de Harlingen que se describe como autónoma.
Aparentemente todavía dolido por su derrota a manos de Gracia, Cortez habría iniciado una sala de chat de WhatsApp instando a los votantes a votar por los republicanos en las elecciones generales de noviembre y declaró que desafiaría a Gracia en las próximas elecciones estatales.
Sorprendentemente, por nominación de su socio comercial de muchos años, el abogado de Brownsville y representante de las escuelas autónomas Rick Zayas, Cortez (a quien la comisión de ética sancionó por ignorar la ley) fue nombrado presidente de la junta directiva del Centro de Servicios Educativos de la Región Uno.
La región ESC Región Uno está formada por el área de ocho condados del profundo sur de Texas, incluidos los condados de Brooks, Cameron, Hidalgo, Jim Hogg, Starr, Webb, Willacy y Zapata e incluye 38 distritos escolares, incluido el Distrito Escolar Independiente de Brownsville (BISD).
Entre sus funciones se encuentra la de aprobar a los proveedores para que presten servicios a los distritos en materia de compras, incluidas las compras de alimentos y energía, y las cooperativas de recursos humanos. En 2015, aprobó a Valco Foods para que proporcionara barbacoa a sus distritos miembros y entró en conflicto con las normas del Departamento de Agricultura de los EE. UU. que prohíben la compra de productos mexicanos con fondos federales, lo que dio lugar al escándalo BarbacoaGate, en el que el BISD compró carne en mal estado que se procesó en México. Cortez formaba parte de la junta directiva de la Región 1 en ese momento y ha estado allí desde 2011.
La investigación llevó al director del Servicio de Alimentación y Nutrición, Silveiro Capistrano, a suicidarse el día antes de su reunión con investigadores federales.
A juzgar por su página de Facebook, él y su esposa, empleada del BISD, viven en el lujo y contemplan su próximo intento de ocupar un cargo público electivo. ¿Cortez utilizará ahora sus contribuciones de campaña de grupos de educadores para pagar sus multas de $10,000 como resultado de las violaciones electorales del TEC?
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