EFE.
Mientras en Washington los Tribunales deciden si se mantiene o no el Título 42, la norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de migrantes y que tenía que haber finalizado el miércoles, la frontera de Estados Unidos con México queda en un limbo y los migrantes se ven expuestos a situaciones de mayor riesgo.
Después de haber cruzado miles de kilómetros y haber sorteado el peligro de los carteles, soportado hambre y atravesado algunos la hostil selva del Darién, los migrantes se enfrentan a una decisión: esperar en México o arriesgarse a cruzar de manera irregular.
Con la norma sanitaria en pie, entregarse a la Patrulla Fronteriza deja de ser una opción inmediata para muchos migrantes que son expulsados como parte de acuerdos entre el gobierno mexicano y el estadounidense.
El Título 42, que entró en vigor durante el mandato de Donald Trump y con la excusa de la pandemia, se mantiene en vigor después de una medida cautelar de la Corte Suprema, evita que las personas de países como Venezuela o los del llamado Triángulo Norte puedan solicitar asilo.
Desesperados, algunos deciden arriesgarse, buscando un hueco o una compuerta abierta en el muro fronterizo, o bien pagando a coyotes sumas de hasta mil dólares para que les guíen a través de los caminos para evitar ser capturados por la Patrulla Fronteriza.
Cruzar una y otra vez hasta pasar a Estados Unidos
El Título 42, que fue mantenido por la actual administración de Joe Biden, no ha disminuido el número de aumentos de migrantes en la frontera, que han alcanzado cifras récord en los últimos meses.
Sin embargo, estas cifras han estado infladas por la cantidad de personas que cruzan la frontera más de una vez después de ser expulsadas.
Entre 2020 y 2021, se llevaron a cabo más de 1.8 millones de devoluciones de migrantes bajo el Título 42, aunque más de la mitad fueron personas que ya habían sido detenidas y expulsadas a México anteriormente, según datos del American Immigration Council.
Como explicó a EFE Nicolás Palazzo, abogado del Centro de Defensa de los Inmigrantes Las Américas, con sede en El Paso, la restricción en la frontera “crea una situación absurda donde la gente trata muchas veces de entrar (…) y se genera un boom económico para los coyotes”.
Para sortear a los agentes fronterizos y tener una indicación de por dónde se puede atravesar el muro sin ser detectados, algunos migrantes, como Jenifer y Roxana (nombres ficticios para ocultar su identidad) contaron a EFE haber pagado más de 500 dólares a coyotes en México.
Las venezolanas se entregaron a la patrulla fronteriza en Piedras Negras, México, y fueron deportadas después de haber pasado tres días en un centro de detención. Las autoridades estadounidenses las entregaron a oficiales mexicanos, que las llevaron hasta Mazatlán, Sinaloa.
Desde ahí, con el deseo de cruzar a Estados Unidos aún presente, emprendieron un viaje de nuevo a la frontera, esta vez a Ciudad Juárez, donde pagaron a un coyote para que les enseñara por dónde podían cruzar.
Su principal motivación para seguir, aseguraron, fue el miedo: Roxana fue violada y secuestrada y Jenifer extorsionada en su natal Venezuela.
“Sentimos que este país (Estados Unidos) es más seguro y en México sentía que nos iban a dar el apoyo, pero tampoco nos sentíamos seguras del todo allí”, explicó Roxana, de 33 años.
Las políticas que buscan disuadir la migración, tienen un gran fallo y es que no comprenden en su profundidad el motor que mueve a las personas a dejar sus hogares y atravesar países, muros y peligros, explicó Palazzo.
“No se entiende bien la desesperación que la gente tiene para entrar. Aún sabiendo que hay una política de expulsión, aún sabiendo el riesgo y los peligros de cruzar de esta manera, la gente lo sigue haciendo”, destacó el abogado.
En esto coincide Dylan Corbett, activista por los derechos de los migrantes de la organización Hope Border Initiative: “Pensar que este muro va a funcionar para que no entren al país no es razonable”.
La Suprema Corte decidió el lunes mantener en pie de manera preliminar el Título 42, mientras una corte en menor instancia estudia la apelación ante un fallo que ordenaba al gobierno Biden suspender la norma sanitaria.
Un grupo de fiscales de 19 estados, incluyendo Texas, habían pedido ese día que la norma se mantenga alegando que su suspensión provocaría “un daño masivo e irreparable” en materia migratoria.
Desde que entró en vigencia en 2020, la normativa ha permitido la expulsión acelerada de más de 2.7 millones, según datos del International Rescue Comittee.
