La Opnion.
La Corte Suprema permitió el lunes al presidente Donald Trump aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros por ahora, dándole a la Casa Blanca una victoria significativa que permitirá a los funcionarios de inmigración confiar en una amplia autoridad en tiempos de guerra para deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas.
El Tribunal Supremo se dividió 5-4 al conceder la solicitud de ayuda de emergencia solicitada por el Departamento de Justicia en la disputa sobre el uso por parte del presidente Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar rápidamente a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua sin una audiencia.
Los jueces actuaron sobre la apelación de emergencia de la administración después de que el tribunal federal de apelaciones en Washington dejó en vigor una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones de inmigrantes acusados de ser miembros de pandillas bajo la raramente utilizada Ley de Enemigos Extranjeros.
De tal modo, la Corte Suprema anuló así la orden de un juez federal que había bloqueado la deportación de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua a El Salvador sin ningún proceso legal bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
El tribunal federal de distrito emitió una orden el mes pasado que impedía al gobierno deportar a los migrantes bajo la ley de 220 años de antigüedad mientras avanzaban los procedimientos legales, y la administración solicitó a la Corte Suprema que levantara esa orden.
Sin embargo, a pesar de estar del lado de la administración, la mayoría del tribunal puso límites a cómo pueden ocurrir las deportaciones, enfatizando que se requiere una revisión judicial.Los detenidos “deben recibir notificación después de la fecha de esta orden de que están sujetos a expulsión según la Ley.
La notificación debe proporcionarse dentro de un plazo y de tal manera que les permita solicitar efectivamente el hábeas corpus, como se le conoce al recurso jurídico que protege la libertad personal de las personas detenidas ilegalmente, en la jurisdicción correspondiente antes de que se produzca dicha expulsión”, escribió la mayoría.
El caso se ha convertido en un punto álgido en medio de una creciente tensión entre la Casa Blanca y los tribunales federales.
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