Yasmine Chacón era radióloga en El Salvador, pero como no tiene su título homologado, limpia casas en un pueblo de Valencia. José Alejandro Pinto era médico en Venezuela pero, sin autorización de trabajo, vive la pandemia de brazos cruzados en su piso de Madrid. El uruguayo Lucas Ferraz trató decenas de casos de malaria en la República Democrática del Congo como auxiliar de enfermería, pero no tiene papeles y hace reformas para sobrevivir. No son una excepción. Como ellos, cientos de sanitarios extranjeros acompañan el avance de la pandemia por televisión. Quieren ayudar, pero la burocracia para homologar títulos y las trabas de extranjería les obligan a ver la crisis desde el sofá.
Yasmine Chacón y Juan José Hernández, de 31 y 32 años, se conocieron en la facultad de medicina de San Salvador, se formaron en radiología en 2014, consiguieron su plaza en un hospital y tuvieron dos hijas. Dejaron todo para huir de la violencia de las bandas locales y pidieron asilo en España en septiembre de 2018. Residen legalmente, tienen autorización de trabajo, pero sus títulos no están homologados. Ella limpia casas y levanta y acuesta a una señora mayor; él aún no ha encontrado trabajo. “He aplicado para limpieza, supermercados… Me he ofrecido hasta para recoger naranjas y no me han llamado. Necesito encontrar un empleo, pero mi objetivo es trabajar de lo que he estudiado”, lamenta Hernández. “Es difícil ver que tenemos los medios para ejercer y no poder hacerlo. Es duro darte cuenta de que allá éramos alguien, pero al llegar aquí no vales nada porque solo eres ´la que limpia casas”, sentencia Chacón.
Recluido en casa, el médico venezolano José Alejandro Pinto, de 30 años, tiene la impresión de que se ha declarado una guerra y no le dan permiso para salir a curar heridas. A su lado, en el sofá del salón, su novia, Yessica Moy tampoco puede contribuir a pesar de que es una enfermera titulada en una especialidad crucial en estos momentos, técnico cardiopulmonar. Por vocación y necesidad, los dos venezolanos residentes en Madrid quieren ayudar en la lucha contra el coronavirus. Pero como no tienen permiso de trabajo, no les queda otra opción que esperar en casa. Ni siquiera les apetece ver la tele porque se frustran más. “Estamos viendo el techo de brazos cruzados”, afirma resignado Pinto. Lo dice con ironía, porque en realidad está moviendo cielo y tierra para responder a la gran necesidad de sanitarios que ha provocado la crisis y así conseguir un trabajo, el primero desde que llegó a España, el 4 de noviembre, para solicitar asilo.
Pinto homologó su título antes de emigrar y está colegiado en Madrid. Asistió incluso a un taller de formación para tratar a pacientes de coronavirus, pero su solicitud de asilo tiene menos de seis meses y carece de autorización para trabajar. Por culpa de los papeles, le han rechazado dos veces en las últimas dos semanas en procesos de selección de médicos en un centro de salud de Madrid y en una residencia de ancianos. “Por favor, cuando lo consigas nos envías tu número de la Seguridad Social”, fue la respuesta. “Es tan simple como querer. Solo pido que vean mi expediente y me den el permiso de trabajo”, ruega.
La falta de personal sanitario y el contagio de más de 25.000 profesionales han llevado al Gobierno a intentar reclutar estudiantes, jubilados y también médicos y enfermeras inmigrantes. El Ministerio de Sanidad se ha comprometido a flexibilizar los trámites de reconocimiento de especialidades cursadas en el extranjero y el de Universidades ha priorizado la homologación de médicos y enfermeras. Ya son algo más de 300 títulos convalidados durante el estado de alarma. En paralelo, se ha acelerado la autorización de trabajo de 390 profesionales por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones. Esto ha sido un alivio que ha permitido a algunos dejar trabajos no cualificados, repartiendo como riders o haciendo llamadas en call centers, pero cientos de sanitarios quedan aún al margen de estas medidas.
Sobre la mesa de varios ministerios sigue la propuesta de un nuevo procedimiento para que más inmigrantes cualificados, residentes en el último año de formación o médicos que han superado el MIR pero se quedaron sin plaza puedan solicitar la convalidación de sus títulos junto a una autorización de trabajo. Esta vía, que pretende resolver los trámites de forma exprés, podría incluir a solicitantes de asilo como el doctor Pinto, pero su aprobación, que parecía urgente, aún está en discusión. El Ministerio del Interior, según fuentes conocedoras del proceso, quiere dejar claro que la propuesta no implique un proceso de regularización de extranjeros en situación irregular y pone en duda la rapidez con la que podrán homologarse los títulos, un proceso que como mínimo lleva seis meses. El departamento de Fernando Grande-Marlaska no se opone a incluir solicitantes de asilo, pero rechaza que tengan una mención específica en el texto. “La finalidad es dar un permiso de residencia y trabajo por motivos extraordinarios a nacionales de terceros países que se hallen legalmente en España. El que sean solicitantes de asilo o no, no aporta nada”, señala el ministerio en sus observaciones.
La situación irregular de muchos profesionales sanitarios complica su incorporación al mercado laboral. Lucas Ferraz, un auxiliar de enfermería uruguayo de 40 años, está en Valencia sin papeles hace un año. Trabaja haciendo reformas porque su regularización ha tropezado con múltiples obstáculos. Ya vivió aquí entre 2004 a 2012 y nunca lo consiguió. “Siempre me faltaba algo”, recuerda. Estos días está más frustrado que de costumbre: “Tengo formación para centros de terapia intensiva cardiológicos, manejo bombas de infusión y respiradores, pero he trabajado más en la obra que como enfermero”. Ferraz cuenta su experiencia en un buque militar en la Antártida y en una misión de paz en el Congo donde atendió casos de malaria y se formó para tratar pacientes con ébola. “Entiendo que políticamente pueda ser difícil, pero ¿cómo es posible que estén doblando turnos o trabajando personal sanitario contagiado y no nos den la posibilidad de ayudar?”, cuestiona. “Me veo con un título y unos conocimientos encerrado en mi casa sin poder hacer nada”.
Formados sin papeles
La Asociación de Médicos Venezolanos en España (Amevesp) calcula que hay cientos de sanitarios de ese país sin permiso de trabajo en España, muchos de ellos en Madrid, principal destino de la inmigración de Venezuela. Asociaciones de argentinos, colombianos y cubanos también han pedido sumarse a la lucha contra el virus. El uruguayo Lucas Ferraz no pertenece a ninguna asociación, pero hace unos días se desahogó en Facebook, y comenzó a recibir decenas de testimonios similares. Creó un grupo que ya tiene más de 200 miembros. Todos formados, asegura, pero la mayoría sin papeles.
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