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La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó el miércoles la prisión de alta seguridad de El Salvador donde se encuentran detenidos venezolanos que, según la administración Trump, pertenecen a pandillas desde su deportación de Estados Unidos. El recorrido incluyó dos bloques de celdas abarrotados, la armería y una unidad de aislamiento.
El viaje de Noem a la prisión, donde los reclusos están hacinados en celdas y nunca se les permite salir, ocurre mientras la administración Trump busca demostrar que está deportando a personas que describe como “lo peor de lo peor”.
La administración Trump está argumentando en un tribunal federal que estaba justificado enviar a los venezolanos a El Salvador, mientras que activistas de derechos humanos dicen que los funcionarios los han enviado a una prisión plagada de abusos contra los derechos humanos.
En la prisión, Noem recorrió una zona donde se encontraban algunos venezolanos acusados de ser pandilleros. En el sofocante edificio, los hombres con camisetas blancas y pantalones cortos observaban en silencio desde su celda, sin hacer ruido.
Cuando Noem salió del edificio, se pudo escuchar a los hombres gritando un cántico indescifrable.
En una publicación del miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que continuaría trabajando con El Salvador y dijo que Noem tenía previsto discutir cómo Estados Unidos puede “aumentar el número de vuelos de deportación y expulsiones de criminales violentos de Estados Unidos” durante su visita con el presidente Nayib Bukele.
Desde que asumió el cargo, Noem ha estado frecuentemente en el centro de los esfuerzos para visibilizar la represión migratoria. Participó en operativos de control migratorio, montó a caballo con agentes de la Patrulla Fronteriza y fue la imagen de una campaña televisiva que advertía a las personas que se encontraban sin permiso en el país que se autodeportaran.
La visita de Noem del miércoles forma parte de un viaje de tres días. También visitará Colombia y México.
Los venezolanos fueron expulsados de Estados Unidos este mes después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y afirmara que Estados Unidos estaba siendo invadido por la banda del Tren de Aragua. Esta ley otorga al presidente poderes en tiempos de guerra y permite la deportación de extranjeros sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o un tribunal federal.
En un revés para la administración, un tribunal de apelaciones mantuvo el miércoles vigente una orden que prohíbe a la administración deportar a más inmigrantes venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Una pregunta central sobre el estatus de los deportados es cuándo y cómo podrían ser liberados de la prisión, conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo, ya que no cumplen condena. Ya no aparecen en el localizador de detenidos en línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y no han comparecido ante un juez en El Salvador.
La administración Trump se refiere a ellos como “los peores de los peores”, pero no ha identificado quiénes fueron deportados ni ha proporcionado evidencia de que sean miembros de pandillas.
Los familiares de algunos de los deportados han negado categóricamente cualquier afiliación a pandillas. El gobierno venezolano y el Comité de Familias de Inmigrantes en Venezuela contrataron a un abogado para ayudar a liberar a los detenidos en El Salvador. Un abogado del bufete, que actualmente representa a unos 30 venezolanos, afirmó que no son pandilleros ni tienen antecedentes penales.
El gobierno de Estados Unidos ha reconocido que muchos no tienen esos registros.
Los vuelos estaban en el aire el 15 de marzo cuando un juez federal emitió una orden verbal prohibiendo temporalmente las deportaciones y ordenó que los aviones regresaran a Estados Unidos.
La administración Trump ha argumentado que las instrucciones verbales del juez no cuentan, que solo se debe seguir su orden escrita y que no puede aplicarse a vuelos que ya han salido de Estados Unidos.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que alrededor de 261 personas fueron deportadas en los vuelos, incluidas 137 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Bukele inauguró la prisión en 2023, tras convertir las duras y austeras cárceles del país centroamericano en un símbolo de su lucha contra la delincuencia. El centro cuenta con ocho amplios pabellones y tiene capacidad para 40.000 reclusos. Cada celda tiene capacidad para entre 65 y 70 reclusos.
Los presos no pueden recibir visitas. No hay talleres ni programas educativos.
El Salvador no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2019, por lo que los venezolanos presos allí no cuentan con apoyo consular de su gobierno.
Un video publicado por el gobierno de El Salvador tras la llegada de los deportados mostró a hombres descendiendo de aviones hacia una pista del aeropuerto rodeada de agentes antidisturbios. Los hombres, con esposas en las manos y los tobillos, luchaban por caminar mientras los agentes les agachaban la cabeza.
Luego los mostraron en la prisión arrodillados en el suelo mientras les afeitaban la cabeza antes de cambiarlos por el uniforme completamente blanco de la prisión (pantalones cortos hasta la rodilla, camiseta, calcetines y zuecos de goma) y colocarlos en celdas.
Durante tres años, El Salvador ha estado bajo un estado de excepción que suspende los derechos fundamentales, mientras Bukele lanza una ofensiva frontal contra las poderosas pandillas del país. Durante ese tiempo, unas 84.000 personas han sido arrestadas, acusadas de vínculos con pandillas y encarceladas, a menudo sin el debido proceso.
Bukele ofreció retener a los deportados estadounidenses en la prisión cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó el país en febrero.
El miércoles, en la prisión, el ministro de Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, le mostró a Noem una celda donde se encontraban salvadoreños que, según él, habían estado allí desde la apertura de la prisión. “Nadie espera que estas personas puedan reincorporarse a la sociedad y comportarse bien”, dijo.
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Santana informó desde Washington. El periodista de Associated Press Marcos Alemán en San Salvador, El Salvador, contribuyó a este informe.
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