Los abogados del comisionado de la ciudad de McAllen, Rodolfo “Rudy” Castillo, presentaron una moción para desestimar tres de los cargos federales que se le imputan por lavado de dinero y contrabando de mercancías a través de un negocio de ropa usada de su propiedad.
Su esposa, Bertha Castillo, copropietaria de la tienda, también está acusada en el presunto plan. Según consta en los registros del tribunal federal, se presentó una moción similar en su contra.
Como se informó anteriormente, la pareja fue arrestada en octubre de 2025 durante una redada del ICE en varios lugares del sur de McAllen que resultó en decenas de arrestos.
Según la acusación , un envío procedente de la empresa Oro Ropa Usada intentó ingresar a México a través del puerto de entrada de Pharr sin la documentación de exportación adecuada en septiembre de 2025.
El cargamento contenía más de 79.000 kilos de ropa usada, casi 1800 litros de aceite de motor y 302 bolsas de comida.
“La única documentación que tenía el conductor era un formulario que debía presentarse a la aduana mexicana. Este formulario no contenía fecha y tenía una descripción de la mercancía en blanco”, afirma la acusación.
Según las acusaciones, Rudy Castillo le dijo a un informante confidencial que “evita declarar la entrada de mercancías a México para eludir la detección por parte de las autoridades”.
Según una denuncia penal, Rudy Castillo le dijo a ese mismo informante que realiza pagos a “varias partes, incluidos funcionarios corruptos de las fuerzas del orden mexicanas”, para facilitar el transporte sin interrupciones.
Rudy Castillo mencionó específicamente haber pagado 20.000 pesos a un departamento de policía, y que él gestiona el proceso de envío mientras su esposa se encarga de las ventas.
La moción del 29 de abril, que busca desestimar los cargos, alega que estos no describen un delito válido y que no proporcionaron a Rudy Castillo la notificación adecuada de lo que se le acusaba de haber hecho.
La moción también afirma que la acusación no demuestra que los fondos involucrados en el presunto plan de lavado de dinero provinieran de una fuente criminal calificada y no alega que las transferencias se hayan realizado para ocultar nada, como lo exige la ley federal.
“La acusación formal es constitucional en múltiples aspectos que se agravan mutuamente”, reza la moción. “Una acusación formal que deja al acusado sin pruebas de un delito es insuficiente e inconstitucional. Ningún acusado debería verse obligado a ir a juicio cuando el gobierno no ha expuesto su caso de manera suficiente y adecuada, en un lenguaje claro y utilizando supuestos actos concretos, para sugerir que el acusado violó la ley de los Estados Unidos”.
Rudy Castillo y su esposa se declararon inocentes de los cargos y actualmente se encuentran en libertad bajo fianza.
La fiscalía debe presentar su respuesta antes del 20 de mayo. Los registros del tribunal federal muestran que, hasta el miércoles, no se había presentado ninguna respuesta.
