La Opinión.
En un documento de 78 páginas, el juez Ed Chen, de la Corte de Distrito del Norte de California, determinó que el gobierno del presidente Donald Trump infringiría “un daño irreparable” a cientos de personas con la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), por lo que concedió una suspensión, mientras el caso avanza.
Esto es un respiro para 350,000 inmigrantes originarios de Venezuela con esta protección migratoria que pudieron ser procesados para su deportación a partir del 7 de abril, cuatro días después de que hubieran perdido su autorización de empleo.
“Mi hija y yo dependemos del TPS para vivir aquí. Sin él, me arriesgaría a ser separada de mi esposo y mi hijo pequeño, ambos ciudadanos estadounidenses”, declaró M.H., beneficiaria venezolana del TPS y demandante. “Estoy sumamente feliz de saber que el juez nos ha concedido la protección mientras continuamos esta lucha para proteger a mi familia y a cientos de miles de personas más”.
El caso NTPSA v. Noem continuará avanzando en el tribunal, hasta que haya una decisión final, pero el juez Chen señaló que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de cancelar la protección migratoria.
“La acción de la Secretaria amenaza con infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados, le costará a Estados Unidos miles de millones de dólares en actividad económica y perjudicar la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”, dice la opinión del juez Chen. “Al mismo tiempo, el gobierno no ha identificado ningún perjuicio real que compense la continuación del TPS para los beneficiarios venezolanos”.
El juez incluso consideró que los demandantes seguramente “lograrán demostrar” que las acciones de Noem “no están autorizadas por la ley, son arbitraria y caprichosas”. Las partes deberán presentar en una semana un informe conjunto.
Tanto los demandantes como el Departamento de Justicia, que representa a la Administración Trump, presentarán el informe sobre “si el gobierno tiene la intención de apelar la orden” del juez Chan; si los demandantes presentarán una moción de aplazamiento con respecto al TPS para gente de Haití –también parte de la demanda–, y proponer una fehca para la primera audiencia.
“El Tribunal y las partes discutirán las maneras de agilizar la decisión sobre el fondo de este caso”, se indicó.
Es decir, el juez deberá escuchar los argumentos de ambas partes sobre cómo se hizo la cancelación del TPS.
Los demandantes (la Alianza Nacional de TPS) están representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las ACLU del Norte y el Sur de California, el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Haitian Bridge Alliance.
Una victoria para los haitianos.
Aunque el proceso legal fue originalmente sobre el TPS de venezolanos, los demandantes también hicieron una petición bajo argumentos similares sobre la cancelación de la protección a inmigrantes de Haití.
“Esta es una victoria para el Estado de derecho”, declaró Erik Crew, de Haitian Bridge Alliance. “Es una victoria para los beneficiarios del TPS venezolanos, para los beneficiarios del TPS haitianos y para todas las personas que desean poder confiar en las promesas de Estados Unidos”.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, celebró también la decisión del juez Chen y advirtió nuevas acciones para evitar la separación de las familias.
Los demandantes criticaron la postura de la Administración Trump contra los inmigrantes y la justificación para terminar con protecciones como el TPS, al considerar que tienen como motivo “la animosidad racial”.
“La secretaria del DHS, Kristi Noem, y el presidente Trump han utilizado constantemente clichés racistas para deshumanizar a los inmigrantes no blancos”, dicen los demandantes
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