The Independent.
En las últimas semanas, los gobernadores republicanos de Texas, Arizona y Florida han enviado en autobuses a diferentes estados gobernados por demócratas a miles de migrantes que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo.
La idea detrás de esta táctica es poner de manifiesto que los migrantes representan una carga y que ellos no están dispuestos a asumirla, así como protestar por lo que consideran un fracaso del presidente Joe Biden para contener el flujo migratorio en la frontera.
El primero que puso en práctica este plan fue el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien sin previo aviso comenzó a transportar a los migrantes que se encontraban en su estado a ciudades como Nueva York, Chicago y Washington D.C. En la capital del país, uno de los autobuses hizo su parada final en el vecindario donde vive la vicepresidenta Kamala Harris.
Al gobernador de Texas le siguió el de Arizona, Doug Ducey, y ahora se ha sumado el de Florida, Ron DeSantis, quien ha elegido puntos estratégicos para enviar a los migrantes como el enclave turístico Martha’s Vineyard. Aquí tienen sus mansiones algunas de las familias más adineradas, liberales y prominentes del país como los Kennedy, los Clinton y el expresidente Barack Obama.
“No somos un estado santuario y es mejor que [los migrantes] vayan a una jurisdicción santuario, así que les facilitaremos el transporte para que puedan ir a pastos más verdes. Cada comunidad en Estados Unidos debería compartir las cargas. No debería recaer todo en un puñado de estados republicanos”, dijo DeSantis, poco después de haber enviado dos aviones a la isla de Martha’s Vineyard con unos 50 migrantes, en su mayoría venezolanos.
A pesar de la llegada sorpresiva de los migrantes, algunos residentes de la isla les ofrecieron ayuda para cubrir sus necesidades básicas.
“Esta es una comunidad que apoya a los niños y familias inmigrantes. Es lo mejor de Estados Unidos”, dijo al recibirlos, Dylan Fernandez, un demócrata que representa a la isla.
La Casa Blanca ha criticado duramente las tácticas de los republicanos. La secretaria de prensa, Karine Jean Pierre, calificó las acciones de Abbott y DeSantis como “vergonzosas, imprudentes y simplemente equivocadas” y criticó el hecho de que les prometan a los migrantes que los ayudarán con trabajo, techo y comida, cuando no es así.
Otros demócratas como el congresista Joaquín Castro, de San Antonio, dijeron que el Departamento de Justicia “necesita investigar al gobernador DeSantis por usar fraudes y engaños para llevar a personas fuera del estado solo para abandonarlas”.
En su cuenta de Twitter, la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, manifestó que ese estado es “perfectamente capaz de manejar a los solicitantes de asilo”, pero que “explotar a las personas vulnerables para trucos políticos es repulsivo y cruel”.
Previamente, la Casa Blanca había informado que piensa utilizar recursos federales para cubrir las necesidades básicas de los migrantes que buscan asilo.
Por lo pronto, lo que muchos se preguntan es qué pasa con la mayoría de estos inmigrantes una vez que los autobuses los dejan en las llamadas ciudades santuario.
Para empezar, es importante destacar que estos migrantes están legalmente en el país. La mayoría cruzó por México en busca de asilo y proviene de Centroamérica y Sudamérica. Una vez que las autoridades migratorias los admitieron, se les dejó en libertad en Estados Unidos para que esperen su audiencia con el fin de determinar si se les dará o no el asilo.
También es importante destacar que no se les obliga a que aborden autobuses para transportarlos a diferentes partes del país. Lo hacen de manera voluntaria, sobre todo si los lugares a los que los llevan quedan cerca de las ciudades donde viven familiares o amigos.
Una vez que llegan a las casas de las personas que los pueden ayudar o encuentran un albergue, los migrantes tienen que esperar para su audiencia con las autoridades migratorias. Legalmente no pueden trabajar al menos por los primeros 180 días, según las reglas del USCIS (Servicio de Inmigración y Ciudadanía).
Conseguir un permiso legal de trabajo puede llevar un año y completar un caso de inmigración puede tomar varios años. De acuerdo con datos de Syracuse University, el promedio es de 1,110 días.
Esa misma universidad indica que menos de la mitad de quienes solicitan asilo lo obtienen. En el gobierno de Donald Trump el porcentaje de rechazo era del 70 por ciento, pero durante el primer año de la administración Biden el porcentaje de admisiones creció cerca del 40 por ciento.
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