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Después de una larga y acalorada conversación entre los miembros de la mesa directiva del Distrito Escolar independiente de Brownsville, (BISD, por sus siglas en inglés), se concluyó en programar una reunión para decidir si se despide a al abogado Baltazar Salazar, la cual fué agendada para el 6 de octubre.
Dicha moción fue propuesta por la fideicomisaria Laura Pérez-Reyes, solicitando discusión, consideración y posible acción para rescindir el contrato de $ 300,000 de Salazar, cuestionando si el distrito estaba recibiendo la representación que merecía por la tarifa que estaba pagando y alegando que Salazar tiene tres condenas por delitos graves, hasta mediados de la década de 1980.
Eddie García, miembro por la posición número 2, del BISD se solidarizo con Pérez-Reyes.
Durante la reunión, se supo que los cargos en cuestión involucraban cheques por fondos insuficientes.
A lo que Salazar respondió que dos de los cargos fueron desestimados “por falta de enjuiciamiento” y que el tercero fue desestimado después de que se le concedió el indulto judicial.
“Agrego que “no tengo ninguna condena. Es decepcionante que la señora Laura Pérez-Reyes quiera ser secretaria de distrito y ni siquiera entienda o sepa cómo encontrar información correcta en la oficina de la secretaria de distrito “, dijo Salazar en un comunicado a el periódico local Brownsville Herald.
Salazar hizo referencia a los despidos durante la reunión y también dijo que es un miembro acreditado de la Barra de Abogados del Estado de Texas, tiene un certificado de enseñanza válido y tiene licencia para portar un arma de fuego en Texas, todo lo cual conlleva un requisito de no delito grave convicciones.
Durante la discusión, Pérez-Reyes se refirió a las presuntas condenas como delitos de “depravación moral” y dijo que había notado un patrón de su apoyo a los miembros de la junta en la mayoría pero no en la minoría.
Dijo que Salazar es políticamente activo, había iniciado un comité de acción política en su contra y había hecho una contribución de 20.000 dólares en su contra.
Dijo que se enteró de la situación en abril pasado.
“Cualquiera puede hacerse de la vista gorda. Simplemente sentí la necesidad en este punto de dejar esto en acta ”, dijo.
La fideicomisaria Sylvia Atkinson, quien una vez dirigió el departamento de personal de BISD, dijo que los asuntos en cuestión habían surgido en el momento en que Salazar estaba bajo consideración para ser contratado “y fue autorizado para el empleo”.
Salazar dijo más tarde que no ha creado PAC, solo ha contribuido a ellos. Dijo que fue contratado en abril de 2013 con un salario de $ 240,000, que su contrato fue extendido y recibió aumentos en 2017 y 2019, y que Pérez-Reyes votó a favor tanto de extensiones como de aumentos.
Varios miembros de la junta sugirieron que sería mejor dejar el asunto del empleo de Salazar en manos de la junta que se elegirá en noviembre, cuando se decidirán cinco puestos.
En última instancia, los miembros de la junta indicaron que no tenían suficiente información para tomar una decisión y en un voto unánime presentaron el asunto a la reunión de octubre para que Salazar tuviera tiempo de responder y Pérez-Reyes para proporcionar la documentación.
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