La Opinión.
El presidente Donald Trump pidió un juicio político o ‘impeachment’ al juez James Boasberg, quien bloqueó temporalmente las deportaciones masivas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, como el proceso a 238 inmigrantes de Venezuela a El Salvador.
Sin embargo, el juez presidente de la Corte Suprema John Roberts rechazó esa posición del presidente Trump, señalando que no era una respuesta adecuada a una decisión del juez de Distrito en Washington, D.C.
“Durante más de dos siglos, se ha establecido que el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”, dijo el juez Roberts en una postura oficial. “El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”.
Es poco usual que el presidente de la Corte Suprema emita posturas sobre procesos que ocurren en tribunales, por ello sorprende la respuesta casi inmediata al mensaje de Trump publicado en su red Truth Social.
“¡Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser DEstituido!”, publicó Trump en un mensaje donde utilizó principalmente mayúsculas y se refirió al expresidente Barack Obama como “Barack Hussein Obama”.
El lunes por la tarde, el juez Boasberg reprendió al Departamento de Justicia por no detener el vuelo que transportó a los inmigrantes que, según la Administración Trump, pertenecen al Tren de Aragua, una pandilla considerada ahora como grupo terrorista por el actual gobierno estadounidense.
La explicación de ICE para justificar deportaciones.
La Administración Trump ha afirmado que todos los inmigrantes de Venezuela enviados a una prisión a El Salvador, tras acuerdo con el mandatario Nayib Bukele, tienen récord criminal.
Sin embargo, en un documento judicial se establece que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirma que el mismo gobierno federal no pudo confirmar que todas las personas deportadas –supuestos miembros del Tren de Aragua (TdA) tienen un pasado criminal.
“Mientras es cierto que varios de los miembros del TdA remov idos bajo la AEA no tienen récords criminales en los Estados Unidos, eso es porque han estado en Estados Unidos por un corto periodo”, dice una explicación de ICE. “La falta de récord criminal no indica una amenaza limitada. De hecho, basado en su asociación con TdA, la falta de información específica acerca de cada individuo de hecho destaca el riesgo que representan. Demuestra que son terroristas sobre los cuales carecemos de un perfil completo.
El zar de la frontera, Tom Homan, dijo que el presidente Trump tiene el derecho de aplicar la ley para la deportación a El Salvador.
“No paramos, no me importa lo que piensen los jueces, no me importa lo que piense la izquierda, seguiremos”, dijo Homan en una entrevista en Fox News.
Otros funcionarios, como el asesor Stephen Miller, han expresado el mismo argumento y señalado que ningún juez puede involucrarse en una decisión de seguridad nacional y en acuerdos diplomáticos con otros países, como El Salvador.
El Departamento de Justicia a favor de Trump
La decisión del juez Boasberg ocurrió tras una demanda de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), pero también es rechazada por el Departamento de Justicia (DOJ).
“Un juez de primera instancia de D.C. apoyó a los terroristas del Tren de Aragua por encima de la seguridad de los estadounidenses. TdA está representada por la ACLU”, afirma la postura oficial del DOJ, también defendida expresamente por la fiscal general Pam Bondi. “Esta orden ignora la autoridad bien establecida sobre el poder del presidente Trump y pone en riesgo a la población y a las fuerzas del orden. El Departamento de Justicia se mantiene firme en sus esfuerzos por colaborar con la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y todos nuestros socios para detener esta invasión y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.
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