La Opinión.
Varias de las organizaciones civiles en defensa de inmigrantes más importantes en Estados Unidos presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump, debido a su exigencia para que millones de inmigrantes se registren ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
“Sin ninguna participación pública, la norma activa una ley federal de la Segunda Guerra Mundial que […] exige que los no ciudadanos se registren al llegar a Estados Unidos”, acusan las organizaciones ante la Corte de Distrito de Washington, D.C. “Fuera de los casos de guerra o de muerte inmediata a causa de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el Gobierno federal ha limitado el requisito de registro […]. Ahora, sin embargo, la administración Trump está aprovechando el requisito para convertir a Estados Unidos en un estado de ‘muéstrame tus papeles’ e incentivar a los no ciudadanos indocumentados a autodeportarse”.
Los demandantes son la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Trabajadores Agrícolas Unidos de América, CASA y Make the Road New York.
“Este proceso es una redada masiva y una extensión de la campaña alarmista de la Administración Trump dirigida a inmigrantes con profundas raíces en sus comunidades y que contribuyen a la fortaleza y vitalidad de nuestra nación”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por Kristi Noem –una de las mencionadas en la demanda– afirma que la decisión es una “norma de procedimiento”, pero las organizaciones civiles acusan que no se permitió recibir comentarios del público antes de la regla.
Recibir comentarios del público, indica Consejo Estadounidense de Inmigración –una de las organizaciones que lidera el proceso judicial–, permite a cualquier persona expresar cómo la norma puede afectarlos a ellos y a sus familias.
“La demanda del Consejo sostiene que la norma no es procesal, ya que grava y afecta de otro modo a millones de personas y es, de otro modo, ilegal porque está redactada de manera confusa y genera caos”, dice la organización.
El proceso legal es acompañado por el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), el Centro Nacional de Derecho de Inmigración, RFK Human Rights y CASA.
Confusión entre migrantes protegidos.
Las organizaciones acusan que la norma del DHS solamente genera confusión, ya que ofrece poca claridad sobre qué categorías de inmigrantes ya se contabilizarán como oficialmente “registrados”, includos los ‘Dreamers’ con CADA y los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), si no cuentan con un permiso de trabajo.
“Esta norma es una invitación al abuso generalizado”, consideró Michelle Lapointe, directora legal del Consejo Estadounidense de Inmigración. “Hablamos de una nueva realidad en Estados Unidos, en la que cualquier persona percibida como inmigrante tendría que llevar consigo sus documentos de identidad cada vez que salga de casa y estar preparada para mostrárselos a las autoridades si se los piden, con el riesgo de ser arrestada”.
Anthony Enriquez, vicepresidente de Defensa y Litigios en EE UU. de RFK calificó como una acción “autoritaria”, la intención de la Administración Trump de obligar al registro de inmigrantes.
“En todo el mundo, los sistemas de registro son una táctica común utilizada por los regímenes autoritarios para criminalizar a los civiles e intimidar a la gente con abusos de poder policial”, dijo.
Ben Johnson, director ejecutivo de AILA, dijo que el plan del DHS es impreciso y contradictorio al mismo tiempo.
“El resultado será una discriminación racial generalizada e inmediata, que incluirá la selección errónea de ciudadanos estadounidenses y otras personas con estatus legal, lo que se sumará a los abusos repugnantes que hemos presenciado hasta la fecha”, consideró.
Natalia Aristizabal, subdirectora de Make the Road New York, consideró también que la regla tendría un impacto significativo en las comunidades de color, pero además “aumentará los riesgos de deportación para cualquiera de estos detenidos administrativos”.
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