Ciudad de México.
Las declaraciones Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sobre sobornos para aprobar la reforma energética podrían desencadenar, en un escenario extremo, litigios y demandas contra los contratos petroleros que pueden ser costosos para el Gobierno.
Uno de los logros de la reforma fue la apertura a la iniciativa privada de exploración y producción petrolera con 111 contratos amarrados, pero si el Gobierno decide alterarlos, las consecuencias podrían ser contraproducentes, según expertos.
“Hay un marco jurídico que tiene un presunción de validez, si el marco jurídico por alguna razón se declara inválido no necesariamente llevaría a que los contratos sean inválidos.
“No veo, en el extremo de los casos, en una decisión judicial de echar atrás la reforma, la invalidez del procedimiento para la firma de los contratos, en el extremo todos los particulares tendrían algún acción en contra del Estado y eso significa muchos recursos”, dijo Iván Alemán, de socio de A&S Abogados.
En tanto, Luis Miguel Labardini, experto del sector energético y socio de Marcos y Asociados, consideró importante resaltar los beneficios que dejó la reforma, sobre todo por las regalías para el Estado, pero a partir de los señalamientos de Lozoya, la credibilidad de la reforma queda debilitada.
“Aunque se hubiera trastocado la ley, hubo actos legales subsecuentes a los que el Gobierno se obligó con las partes, la implicación se vería en lo que venga después”, dijo.
Tras la aprobación de la reforma se dio la entrada a que varias empresas extranjeras pudieran ganar contratos en áreas derivadas de las rondas petroleras.
La reforma atrajo a trasnacionales como Shell, BP, Chevron, entre otras. A la fecha, la iniciativa privada inyecta 56 mil barriles diarios a la producción de México y ha invertido más de 13 mil millones de dólares.
“Preocupa que la entrada de la reforma haya necesitado de un proceso desaseado en su aprobación, porque cuestiona la legitimidad de las votaciones. Tal vez veamos una discusión sobre una nueva reforma energética”, añadió Labardini.
REFORMA publicó el 24 de julio que Lozoya acusó que para aprobar la reforma energética en el Gobierno de Enrique Peña se entregaron sobornos a legisladores de distintos partidos políticos.
“La reforma ya tuvo efectos, el particular no tendría por qué soportar las consecuencias de esa acción, un particular no está obligado a soportar la actuación irregular de las autoridades.
“Los particulares ya pagaron contribuciones por la extracción de los hidrocarburos, ellos ya pagaron en un contrato de licencia por ejemplo, un bono al Estado simplemente por la firma del contrato”, añadió Alemán.
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