EFE.
La ley de Florida SB 1718, que entrará en vigor el sábado, no sólo separará a miles de familias migrantes, sino que ocasionará la pérdida de miles de millones de dólares al año en este estado a causa de la previsible escasez de mano de obra, según señalaron este miércoles legisladores demócratas y activistas.
La polémica norma, que entre otras cosas penaliza a las empresas que contraten migrantes irregulares, ha hecho que, temerosos de una posible deportación, miles de estas personas se hayan mudado a otros estados vecinos, como dijo en una teleconferencia Beatriz López, de la organización Immigration Hub.
“Es un asesino de puestos de trabajo, básicamente”, aseveró por su parte el congresista federal por Florida, Darren Soto, quien auguró que la norma va a impactar severamente en sectores clave de la economía estatal como la hostelería, la agricultura y la construcción.
Samuel Vílchez, de la American Business Immigration Coalition (Coalición de Migración Empresarial Estadounidense), aludió a un estudio de Florida Policy Institute, según el cual la SB 1718 amenaza a casi 400 mil migrantes irregulares que trabajan en seis importantes sectores en Florida y suponen casi el 10% de la fuerza laboral.
A juicio de a esta organización, la implementación del sistema gubernamental E-Verify a empresas de más de 25 empleados, con el fin de confirmar que la persona puede trabajar en el país, le va a suponer a la economía de Florida más de 12 mil 600 millones de dólares al año en pérdidas económicas.
“Nos preparamos para lo peor”, alertó la legisladora estatal Anna Eskamani, quien consideró que la ley es usada como plataforma para la agenda política de DeSantis, uno de los aspirantes a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024.
“Básicamente, esta ley le va a hacer más cara la vida a los floridanos y sus familias”, se lamentó por su parte la también congresista en Florida, Dotie Joseph, quien manifestó que esperan ver cómo se va a implementar la norma para estudiar los próximos pasos.
Vílchez aseveró que hay mucha preocupación entre los líderes empresariales en el estado, pero que más que protestar en voz alta están actuando detrás de las cortinas en Tallahassee, la capital de Florida.
“Es un contexto muy difícil y los líderes empresariales tienen cierto miedo”, relató el activista, que aludió así al temor a represalias por parte del gobernador, en especial tras la guerra que le declaró a Disney luego de que un ejecutivo de esta corporación criticara la norma que prohíbe abordar en las aulas escolares la identidad de género y orientación sexual.
La congresista estatal Johanna López dijo que hay preocupación también en las iglesias y las comunidades de fe, las cuales van a ser “dramáticamente afectadas” a causa de esta “ley inconstitucional” y “antiestadounidense”, que entre otras cosas castiga a quienes transporten a migrantes irregulares y requiere a hospitales preguntar por el estatus migratorio de pacientes.
