La Opinión.
Líderes migrantes pidieron a los padres indocumentados mantener la calma frente a la orden ejecutiva del presidente Trump que pone fin al derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
“Es pura retórica política para satisfacer a los que lo apoyaron a llegar a la presidencia”, dijo el abogado de migración, Alex Gálvez.
En uno de sus primeros actos de gobierno, Trump firmó una orden ejecutiva para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y quienes entraron con visas temporales, ya sea visas de turistas o de estudiante.
Se trata de un derecho que se otorga de manera automática a quienes nacen en el país.
El fiscal general de California Rob Bonta presentó una demanda que desafía la orden ejecutiva del presidente Trump.
“Intentar rescindir la ciudadanía por derecho de nacimiento es descaradamente inconstitucional y francamente antiestadounidense”, dijo el fiscal Bonta.
“California condena los intentos del Presidente por borrar la historia e ignorar 125 años de precedentes de la Corte Suprema”.
Por lo tanto, señaló que están pidiendo a un tribunal que bloquee de inmediato esta orden para que no entre en vigor y garantice que los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos afectados por esta orden sigan vigentes mientras se lleva a cabo el litigio.
“El Presidente ha excedido su autoridad con esta orden y lo haremos responsable”.
Bonta se suma a los 18 fiscales generales estatales y a organizaciones proinmigrantes como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que han demandado a Trump para evitar que entre en vigor su orden ejecutiva que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, a todos los niños nacidos en suelo estadounidense s
e les garantiza automáticamente la ciudadanía y los derechos y privilegios que vienen con eso.
Temor de los padres.
El abogado Gálvez dijo que las demandas en contra harán que se congele la orden de Trump, y por lo tanto, los padres indocumentados que esperan a sus bebés, no deben sentir temor alguno de no poder registrarlos como ciudadanos de este país.
“Tampoco es una orden con carácter retroactivo”, señaló.
Afirmó que el asunto será solucionado en la Corte Suprema, y no va a durar mucho tiempo porque ya hay precedentes.
Añadió que debido a que el derecho a la ciudadanía está garantizado en la Constitución de Estados Unidos, se requieren dos tercios de los votos de ambas cámaras del Congreso para enmendarlo.
“Un presidente por decreto no puede cambiarlo. No vivimos en una dictadura sino en una democracia; y Trump no puede modificar ese derecho sin las dos terceras partes del voto. Si quiere hacerlo tiene que negociar con los legisladores”.
Mientras tanto, pidió a los padres inmigrantes que no se preocupen que sus hijos van a nacer con todo el derecho a ser ciudadanos de Estados Unidos, y podrán registrarlos como tales sin problema alguno.
En 1898, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó este derecho en un caso presentado por Wong Kim Ark, un chino-estadounidense nacido en San Francisco a quien se le había negado su derecho a volver a ingresar al país después de un viaje al exterior.
En la demanda, 18 fiscales generales estatales –encabezados por California, Nueva Jersey y Massachusetts– argumentan que la orden ejecutiva sin precedentes del presidente Trump viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la Sección 1401 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y que se debería bloquear de inmediato su entrada en vigor mientras se desarrolla el litigio.
En una entrevista en diciembre con Meet the Press en la cadena NBC, Trump declaró que los hijos de los padres inmigrantes indocumentados debían ser deportados junto con sus progenitores, aún si nacieron en Estados Unidos.
“No quiero romper familias. Así que la única manera de no separar a la familia es mantenerlos juntos y enviarlos a todos de regreso”.
Mantener la tranquilidad.
Juan José Gutiérrez, director de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes pidió incluso a los padres inmigrantes que estén en espera de un hijo que no tengan miedo, y que antes que nada se enfoquen en que su bebé nazca sano.
“Deben saber que la orden ejecutiva para negar la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos no es ley. Es un decreto que choca con la Constitución, y ya hemos ido a los tribunales para echarla abajo”.
Recalcó que no puede proceder porque necesita modificarse la Constitución, y para eso deben votar las dos terceras partes del Congreso Federal.
“En dado caso que fuera aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, luego tendría que ir a las legislaturas de los 50 estados, y pasar con un margen de 66% o más con por lo menos el voto de 33, 34 estados”.
Gutiérrez consideró muy difícil que eso suceda.
“Trump dijo que daba 90 días para que su decreto entre en vigor. Lo que va a pasar es que antes de esa fecha, las cortes federales en especial las más progresistas, como la de California, van a bloquear esta orden”.
Destacó que la Constitución es la ley suprema de Estados Unidos, y no se puede cambiar así nomás porque sí.
“Así que les digo a los padres inmigrantes que no tengan miedo. Estén tranquilos porque está por verse que se les niegue la ciudadanía. Para eso vamos a luchar con todo”.
Una subclase sin derechos.
Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones demandantes, dijo que la orden busca repetir uno de los errores más graves de la historia estadounidense, al crear una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos a las que se les niegan todos los derechos como estadounidense.
“No permitiremos que este ataque a los recién nacidos y a las futuras generaciones de estadounidenses quede sin respuesta. La extralimitación de la administración Trump es tan atroz que confiamos en que finalmente prevaleceremos”.
.
