El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demanda a una organización de derechos de los inmigrantes de Houston por su discurso político.



Texas Tribune.

La última demanda del fiscal general de Texas, Ken Paxton, contra una organización de derechos de los inmigrantes afirma que el grupo de Houston violó las reglas federales que rigen la participación política de las organizaciones sin fines de lucro al criticar al expresidente Donald Trump, al gobernador republicano Greg Abbott y una nueva ley de inmigración estatal .

Hace un mes, Paxton demandó a FIEL (siglas en español de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha) en el Tribunal de Distrito 127 del Condado de Harris y le pidió a un juez que disolviera la organización. El grupo dirigido por inmigrantes, fundado en 2007, ofrece educación, servicios sociales y legales a las familias inmigrantes de la región.

La demanda, reportada por primera vez el viernes por el Houston Chronicle , es el último esfuerzo de la oficina de Paxton para cerrar entidades que ayudan a los migrantes acusando a esos grupos en los tribunales estatales de tráfico de personas; los jueces hasta ahora han rechazado esas afirmaciones .

Sin embargo, la demanda del estado contra FIEL parece ser la primera en apuntar a un grupo alejado de la frontera y la primera en atacar lo que es esencialmente un discurso político.

“Nos sorprende que de repente el Fiscal General de Texas nos esté poniendo en la mira en un intento de quitarnos lo que ha sido un faro de esperanza para miles de habitantes de Houston durante los últimos 17 años”, dijo el director ejecutivo de FIEL, César Espinosa, en un comunicado el viernes. “Desde la ayuda en caso de desastres hasta la educación superior y la información a las personas sobre sus derechos, FIEL ha estado presente en la búsqueda de la equidad y la justicia para todos los tejanos”.

Texas alegó en presentaciones judiciales que FIEL “violenta abiertamente” las normas que establecen que las organizaciones sin fines de lucro no pueden participar en campañas políticas ni “realizar propaganda o intentar influir en la legislación de cualquier otra forma”.

La demanda inicial utiliza como evidencia las publicaciones de FIEL en las redes sociales que alientan a las personas a votar en contra de las propuestas de inmigración de Trump; la defensa del grupo durante sesiones legislativas estatales pasadas, incluso contra una ley de 2023, el Proyecto de Ley Senatorial 4 , que permitiría a la policía de Texas arrestar a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al país; su apoyo, y ocasional rechazo, de las políticas de inmigración del presidente Joe Biden; y comentarios en las redes sociales criticando a Abbott.

El estado solicitó al juez Ravi K. Sandill que emitiera una orden judicial temporal para detener las operaciones actuales de FIEL. Después de que el tribunal considerara los méritos de la demanda, el estado solicitó la revocación y terminación del registro corporativo y el certificado de formación de FIEL, la disolución de su existencia y una orden judicial permanente para impedir que el grupo vuelva a realizar negocios en Texas.

“El estado acepta el valor de la Primera Enmienda de que los estadounidenses en general deben hacer oír su voz en todo tipo de asuntos políticos y hacer campaña vigorosamente en apoyo de uno u otro candidato”, afirma el documento. “Pero desde hace tiempo la ley prohíbe que las entidades gocen de la condición de entidades sin fines de lucro mientras lo hagan”.

Los abogados del Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Americano que representan a FIEL argumentaron en presentaciones judiciales que la solicitud de una orden judicial temporal debería ser desestimada porque algunas de las reclamaciones del estado tienen años de antigüedad, lo que demuestra una falta de urgencia.

En documentos más detallados, los abogados de FIEL argumentaron que Paxton no tiene derecho a lo que busca y sugirieron que Paxton estaba tomando represalias contra FIEL porque es demandante en dos demandas federales que impugnan las leyes electorales del estado. Una de las demandas nombra a Paxton como acusado.

Los abogados dijeron que se trata sólo del caso más reciente de Paxton haciendo un mal uso de un estatuto estatal para intentar cerrar una organización que ayuda a los migrantes, como lo intentó en El Paso, donde presentó una demanda destinada a cerrar una red de refugios para migrantes con décadas de antigüedad.

En una presentación, los abogados incluyeron capturas de pantalla de otras publicaciones de FIEL en las redes sociales que mostraban al grupo explicando nuevas leyes en el cónsul mexicano en Houston, un volante para un foro de inmigración y una infografía sobre información que podría ser útil para personas indocumentadas después de que un tornado azotara Pasadena.

“El hecho de que Paxton, que ha atacado a otros con quienes no está de acuerdo, esté usando el poder de su cargo público específicamente para atacar a una organización sin fines de lucro debido al ejercicio por parte de FIEL de sus derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y a buscar reparación en los tribunales es reprensible e inconstitucional”, escribieron los abogados.

La oficina del fiscal general no respondió el viernes un correo electrónico solicitando comentarios.

En febrero, la oficina de Paxton solicitó a Annunciation House en El Paso registros relacionados con el trabajo de la organización sin fines de lucro con inmigrantes, alegando que operaba como un refugio. El mes pasado, un juez desestimó una demanda relacionada presentada por el estado, pero Texas ha apelado la desestimación desde entonces.

En el Valle del Río Grande, uno de los grupos de ayuda a inmigrantes más grandes del estado, Catholic Charities, recibió una solicitud similar de la oficina de Paxton. El mes pasado, un juez del condado de Hidalgo dictaminó que Paxton no podía deponer al líder del refugio de McAllen, que ayuda a los inmigrantes brindándoles temporalmente comida, alojamiento y otras necesidades básicas.

Según se informa , la oficina de Paxton también ha enviado cartas similares a Ángeles Sin Fronteras en Mission y al Equipo Brownsville.

“El último ataque del fiscal general contra una organización de derechos de los inmigrantes sigue una fórmula conocida de acoso publicitado y desinformación dirigida a crear miedo y confusión”, dijo David Donatti, abogado de alto rango de la ACLU de Texas. “Una vez más, desea eliminar los esfuerzos para educar a los inmigrantes, sus familias y nuestras comunidades sobre nuestros derechos constitucionales. Su historial en los tribunales es desalentador, y esperamos y confiamos en que su racha de derrotas continúe”

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