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El presidente Joe Biden planea convertir en ley el domingo una medida que aumenta los pagos de Seguridad Social para empleados públicos actuales y anteriores, lo que afectará a casi 3 millones de personas que reciben pensiones de su tiempo como maestros, bomberos, policías y en otros trabajos de servicio público.
Los defensores dicen que la Ley de Equidad en la Seguridad Social corrige una disparidad que existe desde hace décadas, aunque también pondrá presión sobre los Fondos Fiduciarios de la Seguridad Social, que enfrentan una inminente crisis de insolvencia.
El proyecto de ley deroga dos disposiciones (la Disposición de Eliminación de Ganancias Inesperadas y la Compensación de Pensiones del Gobierno) que limitan los beneficios del Seguro Social para los beneficiarios si reciben pagos de jubilación de otras fuentes, incluidos los programas públicos de jubilación de un gobierno estatal o local.
El Servicio de Investigación del Congreso estimó que en diciembre de 2023, 745.679 personas, aproximadamente el 1% de todos los beneficiarios de la Seguridad Social, vieron reducidas sus prestaciones por la Compensación de Pensiones del Gobierno. Alrededor de 2,1 millones de personas, o aproximadamente el 3% de todos los beneficiarios, se vieron afectadas por la Disposición de Eliminación de Ganancias Inesperadas.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en septiembre que la eliminación de la Disposición de Eliminación de Ganancias Inesperadas aumentaría los pagos mensuales a los beneficiarios afectados en un promedio de $360 para diciembre de 2025. Poner fin a la Compensación de Pensiones del Gobierno aumentaría los beneficios mensuales en diciembre de 2025 en un promedio de $700 para 380.000 beneficiarios que reciben beneficios basados en cónyuges vivos, según la CBO. El aumento sería de un promedio de $1.190 para 390.000 cónyuges sobrevivientes que reciben un beneficio de viudo o viuda.
Esas cantidades aumentarían con el tiempo con los ajustes regulares del costo de vida del Seguro Social.
El cambio se refiere a los pagos a partir de enero de 2024, lo que significa que la Administración del Seguro Social adeudaría pagos retroactivos. La medida aprobada por el Congreso dice que el comisionado del Seguro Social “deberá ajustar los montos del seguro primario en la medida necesaria para tener en cuenta” los cambios en la ley. No está claro de inmediato cómo sucederá esto o si las personas afectadas tendrán que tomar alguna medida.
Edward Kelly, presidente de la Asociación Internacional de Bomberos, dijo que los bomberos de todo el país están “entusiasmados de ver el cambio: hemos corregido un error que se había cometido durante 40 años”. Kelly dijo que la política era “mucho más atroz para los cónyuges supervivientes de los bomberos que pagaron sus propias cuotas a la Seguridad Social pero fueron víctimas del sistema de pensiones del gobierno”.
La IAFF tiene aproximadamente 320.000 miembros, una cifra que no incluye a los cientos de miles de jubilados que se beneficiarán con el cambio.
“Ahora los bomberos que cobran muy poco pueden darse el lujo de jubilarse”, dijo Kelly.
Sherrod Brown, quien como senador de Ohio impulsó la propuesta durante años, perdió su candidatura a la reelección en noviembre. Lee Saunders, presidente del sindicato de trabajadores de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales, agradeció a Brown por su apoyo.
“Más de dos millones de trabajadores del servicio público finalmente podrán acceder a los beneficios de la Seguridad Social por los que pasaron toda su carrera contribuyendo”, dijo Saunders en un comunicado. “Muchos finalmente podrán disfrutar de su jubilación después de toda una vida de servicio”.
Becky Pringle, presidenta de la Asociación Nacional de Educación, dijo que la ley es “una victoria histórica que mejorará las vidas de los educadores, los socorristas, los trabajadores postales y otras personas que dedican sus vidas al servicio público en sus comunidades”.
Y aunque algunos republicanos, como la senadora de Maine Susan Collins, apoyaron la legislación, otros, entre ellos los senadores John Thune de Dakota del Sur, Rand Paul de Kentucky y Thom Tillis de Carolina del Norte, votaron en contra. “Nos dejamos llevar por la presión del momento en lugar de hacer esto de manera sostenible”, dijo Tillis a The Associated Press el mes pasado.
Aun así, los partidarios republicanos del proyecto de ley dijeron que existía una oportunidad única de abordar lo que describieron como una sección injusta de la ley federal que perjudica a los jubilados del servicio público.
El futuro de la Seguridad Social se ha convertido en un tema político de primer orden y fue un importante punto de discordia en las elecciones de 2024. Aproximadamente 72,5 millones de personas, incluidos jubilados, personas discapacitadas y niños, reciben prestaciones de la Seguridad Social.
Los cambios de política que se desprenden de la nueva ley supondrán una carga administrativa mayor para la Administración del Seguro Social, que ya tiene su nivel de personal más bajo en décadas. La agencia, que actualmente se encuentra bajo una congelación de contrataciones, tiene una plantilla de aproximadamente 56.645 empleados, el nivel más bajo en más de 50 años, aunque presta servicios a más personas que nunca.
El informe anual de los fideicomisarios del Seguro Social y Medicare publicado en mayo pasado decía que el fondo fiduciario del programa no podrá pagar los beneficios completos a partir de 2035. La nueva ley acelerará la fecha de insolvencia del programa en aproximadamente medio año. ___
El periodista de Associated Press Stephen Groves contribuyó a este informe.
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