(CNN) — Ronald Leonard espera que el sheriff llegue a la puerta de su casa en Daytona Beach, Florida, cualquier día después de que expire la prohibición federal de desalojos el sábado.
“Soy un desastre”, dijo Leonard, un jubilado que vive de ingresos fijos. “Si termino en la calle, nunca sobreviviré”.
Como muchas de las 11,4 millones de personas que están atrasadas actualmente con el pago del alquiler, Leonard pudo permanecer en su casa después de que el propietario solicitara un desalojo debido a la moratoria federal de desalojos. Implementada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en septiembre pasado para detener la propagación del coronavirus, la orden prohibió el desalojo de los inquilinos por falta de pago del alquiler.
La moratoria de los CDC —controvertida y confusa desde el principio y continuamente cerca de una fecha límite de vencimiento— fue una “curita en una herida que necesitaba ser curada”, dijo David Dworkin, presidente y director ejecutivo de Conferencia Nacional de Vivienda.
La Casa Blanca anunció el jueves que no pediría a los CDC que volvieran a extender la protección, que expira el 31 de julio, y pidió al Congreso que tome medidas. A la administración Biden le hubiera gustado extenderla (ya se ha extendido cuatro veces) dado el aumento de los casos de covid-19 debido a la variante Delta, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, citó el fallo de la Corte Suprema de que se necesitaría una “autorización clara y específica del Congreso” —nueva legislación— para que los CDC extiendan la moratoria más allá de su fecha límite actual.
El Comité de la Cámara de Representantes se reunió este viernes para considerar un proyecto de ley para extender la moratoria federal de desalojos hasta diciembre, pero no existe un amplio apoyo bipartidista y se enfrenta a un futuro incierto en el Senado.
La administración de Biden también pidió a las agencias gubernamentales que extendieran sus respectivas prohibiciones de desalojos, que también expirarán el 31 de julio. El viernes, agencias como el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal de Financiamiento para la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) ampliaron sus limitadas protecciones contra desalojos, prohibiendo el desalojo de aquellos que viven en propiedades de vivienda unifamiliar, aseguradas por el gobierno federal, hasta septiembre.
La moratoria de desalojo de los CDC y otras protecciones han impedido que se apliquen un estimado de 2,2 millones de solicitudes de desalojo desde marzo de 2020, según Peter Hepburn, investigador del Laboratorio de Desalojos y profesor asistente de sociología en la Universidad de Rutgers en Newark.
“Estas moratorias y protecciones no han sido perfectas, pero sin duda han tenido un efecto masivo en la prevención de solicitudes de desalojo”, dijo Hepburn.
Esto se debe a que una cantidad sin precedentes de ayuda federal para el alquiler —US$ 46.000 millones— se abre camino a través de los estados, ciudades y puntos de distribución locales para los propietarios e inquilinos que la necesitan. La ayuda es el último salvavidas al que pueden aferrarse muchos inquilinos. Pero para muchos, no llegará a tiempo.
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