Dos mujeres migrantes denunciaron haber sido víctimas de agresión sexual en los centros de detención de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), según un reporte difundido ayer por el diario estadounidense The New York Times.
Una de las víctimas, de nombre María fue liberada de un centro de detención en Texas en mayo y le permitieron quedarse con su hermano en Washington, mientras su caso estaba pendiente. Tras recoger sus pertenencias fue trasladada en una camioneta. El conductor era un agente llamado Donald Dunn, quien de repente se desvió del camino. “Él agarró mis senos. Puso sus manos en mis pantalones y tocó mis partes privadas”. “Él me tocó dentro de la camioneta y mis manos estaban atadas. Entonces, empezó a masturbarse”, dijo la mujer, según el reporte del periódico.
En otro caso, en 2014 una mujer —identificada como “E.D.”— de 19 años, quien solicitaba asilo, estaba en un centro de detención en Pennsylvania con su hijo, de tres años. Durante su estancia fue agredida sexualmente por un oficial.
“Yo no supe cómo negarme, porque me dijo que iba a ser deportada”, declaró. “Estaba en una prisión y él era el oficial de migración. Es como que ellos te ordenan a hacer algo y tú tienes que hacerlo”, indicó la mujer.
El diario señaló que esos son algunos de los miles de casos de mujeres que reportan haber sido asaltadas sexualmente dentro de los centros de detención del ICE, en la última década, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. El ICE tiene registro de mil 310 reportes por abuso sexual contra los detenidos de 2013 a 2017, dijo el Times.
Las denuncias se dan a conocer mientras la atención está enfocada en las políticas migratorias del presidente Donald Trump, por las que las familias inmigrantes fueron separadas.
Abogados de esos grupos dijeron que la orden de un juez federal que prohíbe las deportaciones rápidas hasta al menos el próximo martes les dará algo de margen mientras luchan por tener acceso a sus clientes. En su fallo del lunes, el juez Dana Sabraw se alineó con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), que argumentó que los padres que se enfrentan a una deportación inminente deberían poder decidir si quieren dejar a sus hijos en Estados Unidos para buscar el asilo por separado.
La orden judicial dio más tiempo a los abogados para hacerse la idea de qué va a significar la reunificación para nuestros clientes, dijo Beth Krause, una abogada supervisora del Proyecto de Jóvenes Inmigrantes de la Sociedad de Ayuda Legal, con sede en Nueva York. Algunas madres podrían rechazar la reunificación si eso significa que sus hijos puedan lograr el asilo en Estados Unidos a pesar de que ellas sean deportadas, afirmó.
También ayer se informó que el senador estadounidense Richard Durbin pidió a la agencia humanitaria Heartland Alliance de Chicago que investigue supuestos abusos físicos y emocionales que se habrían cometido en uno de sus refugios con niños separados de sus padres inmigrantes.
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