Un gran jurado de Texas acusó el martes a más de 140 inmigrantes de delitos menores de disturbios por un presunto intento masivo de traspasar la frontera entre Estados Unidos y México, un día después de que un juez desestimó los casos.
No se reportaron heridos durante la supuesta violación el 12 de abril en El Paso, que según las autoridades comenzó cuando alguien del grupo cortó una barrera de alambre de púas. Los arrestos masivos también siguieron a un episodio separado en la ciudad fronteriza de Texas en marzo.
El lunes, un juez del condado desestimó los cargos contra los arrestados este mes, dictaminando que no había suficiente causa probable. Un defensor público que representaba a los inmigrantes había argumentado que no había pruebas suficientes y acusó a las autoridades de intentar aparecer en los titulares.
“Los ciudadanos de El Paso, a través del gran jurado, esencialmente anularon el fallo del juez y encontraron causa probable para creer que los disturbios realmente ocurrieron”, dijo el martes a los periodistas el fiscal de distrito del condado de El Paso, Bill Hicks.
Kelli Childress-Díaz, la defensora pública de El Paso que representa a los 141 acusados, dijo que no estaba sorprendida.
“Me imagino que ya lo tenían preparado incluso antes de que comenzara la audiencia ayer”, dijo.
Los arrestos han llamado más la atención sobre las operaciones en expansión de Texas a lo largo de la frontera, donde el gobernador republicano Greg Abbott ha implementado una serie de medidas agresivas en nombre de frenar los cruces ilegales. Tras los arrestos en marzo, Abbott respondió diciendo que envió 700 miembros adicionales de la Guardia Nacional a El Paso.
Hicks, a quien Abbott nombró para el puesto en 2022, dijo que aunque no es común que un gran jurado impute casos de delitos menores, consideró que era “justo” plantear los casos ante ellos. En total, Hicks estimó que habían arrestado a más de 350 personas acusadas de disturbios desde marzo.
Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar hasta 180 días en la cárcel del condado y una multa de hasta $2,000. Los que están en prisión todavía enfrentan cargos federales, y Hicks dijo que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos aún podrían recogerlos de la cárcel para procesarlos por un delito de entrada ilegal.
“Me revuelve el estómago que estas personas no sean más que, ya sabes, monedas políticas en una apuesta que algunos de nuestros funcionarios gubernamentales han cubierto”, dijo Childress-Díaz a The Associated Press.
.
