Tribuna de Texas.
Yenniffer England se encontraba detrás de un podio en las oficinas de La Unión Del Pueblo Entero, vestida con ropa de negocios y luciendo un accesorio llamativo: un monitor electrónico en el tobillo.
England, auxiliar de enfermería certificada y madre de dos hijos, pasó tres meses en un centro de detención de inmigrantes a pesar de ser beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Esta política, implementada durante la administración Obama, busca proteger de la deportación a los inmigrantes que llegaron al país siendo niños y les otorga un permiso de trabajo. Sin embargo, cientos de beneficiarios de DACA han sido arrestados desde que el presidente Donald Trump regresó al poder.
England también es miembro de LUPE, una organización comunitaria sin fines de lucro que brinda educación y recursos a inmigrantes y comunidades de bajos ingresos en el Valle del Río Grande. El grupo abogó por la liberación de England, la cual fue concedida por un juez federal la semana pasada.
Sin embargo, England es solo una de las varias integrantes de LUPE que se han visto afectadas personalmente por las políticas más estrictas de control migratorio. Cuatro integrantes de LUPE han sido detenidas o deportadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, y a más de 20 les ha caducado su estatus DACA debido a retrasos en la tramitación de sus solicitudes, según Tania Chávez Camacho, presidenta y directora ejecutiva de LUPE.
Casos como el suyo han tenido un efecto disuasorio en los más de 8000 miembros de LUPE —una mezcla de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales e inmigrantes indocumentados—, lo que posiblemente afecte la capacidad del grupo para impulsar cambios contundentes en su comunidad. Chávez Camacho teme que muchos no asistan a los eventos de la organización por temor a ser detenidos por la policía y posiblemente terminar bajo custodia del ICE.
Chávez Camacho expresó su preocupación por el destino de esos miembros y de la comunidad en general tras una mesa redonda con el senador estadounidense Alex Padilla, demócrata de California, sobre el impacto de la aplicación de las leyes de inmigración en la comunidad.
Tras ser liberada de su detención mientras apela su caso, England teme constantemente que el ICE la detenga de nuevo en cualquier momento, ya que pueden rastrear su ubicación mediante el monitor electrónico en su tobillo. Otros miembros de LUPE se muestran reacios a asistir a reuniones y eventos, según Chávez Camacho, lo que conlleva una disminución en la participación, un aspecto fundamental de los esfuerzos de LUPE para lograr un cambio. El grupo organiza sesiones informativas, concentraciones y manifestaciones en toda la comunidad. También se dirigen a los legisladores en el ayuntamiento y en la sede del gobierno estatal para expresar su apoyo o rechazo a las políticas.
“Seguimos trabajando, pero solo podremos hacerlo si la comunidad sigue participando”, dijo.
Durante la mesa redonda, que se celebró a puerta cerrada, Padillo escuchó a algunos de los miembros vulnerables de LUPE que, según la organización, son un reflejo de lo que está sucediendo en la comunidad en general debido a la represión migratoria bajo la administración Trump.
“Necesitamos más senadores y funcionarios electos dispuestos a escuchar, dispuestos a ser parte del cambio para que ICE y CBP rindan cuentas”, dijo Chávez Camacho. “El DHS no necesita más fondos; lo que necesitamos son soluciones y acción del Congreso para garantizar que los beneficiarios de DACA y otros inmigrantes reciban protección contra la deportación”.
Padilla reconoció que existía un amplio apoyo a favor de una frontera segura, a pesar de los desacuerdos sobre cómo lograrla. Sin embargo, las repercusiones para los inmigrantes que se encuentran legalmente en el país, como los beneficiarios de DACA o los trabajadores agrícolas, a menudo pasan desapercibidas.
“Tiene que haber una mejor manera”, dijo Padilla, miembro destacado del subcomité judicial del Senado sobre inmigración, ciudadanía y seguridad fronteriza.
Para sus miembros cuyo estatus DACA ha caducado, LUPE les proporciona asistencia económica para pagar la compra de alimentos, ya que su permiso de trabajo otorgado por DACA ya no es válido, lo que les impide trabajar legalmente.
Chávez Camacho expresó su esperanza de que, a través de las visitas de legisladores como Padilla, se puedan escuchar los testimonios directos de las personas afectadas por las medidas de aplicación de la ley.
“Estas son las historias que escuchamos en LUPE todos los días, estas son las historias de nuestros miembros de LUPE, estas son las historias que representan a la comunidad en general del sur de Texas”, dijo.
Chávez Camacho afirmó haber presenciado de primera mano el aumento de los controles en los aeropuertos y señaló que la mayor colaboración entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas y los funcionarios federales de inmigración ha puesto nerviosa a la gente.
El caso de England sirvió como ejemplo de cómo podría desarrollarse esa colaboración. En febrero, fue detenida por el ICE tras un control de tráfico. Conducía con el permiso de conducir caducado, pero sus abogados y defensores afirman que el incidente no debería haber sido más que una infracción de tráfico rutinaria debido a su condición de beneficiaria del programa DACA.
“Estamos viviendo un Valle del Río Grande diferente”, dijo Chávez Camacho.
