CIUDAD DE MÉXICO.
El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el miércoles una presa en el norte de México a pesar de que las obras fueron suspendidas simbólicamente por antropólogos porque está inundando sitios indígenas milenarios que contienen petroglifos y restos de viviendas prehispánicas.
La presa Los Pilares es el más reciente de diversos proyectos gubernamentales de infraestructura que López Obrador ha apoyado pero que han causado divisiones e indignación entre comunidades indígenas.
La zona alrededor del río Mayo, en el estado de Sonora, es habitada por comunidades guarijías, que también dicen llamarse macorahui. Los guarijíos, de los que sólo quedan un poco más de 2.000, están divididos en torno a la presa.
En un extraño acontecimiento el martes, autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pegaron sellos de “obra suspendida” en la presa Los Pilares, una medida que utilizan para clausurar proyectos de construcción que amenazan vestigios arqueológicos. Sin embargo, la represa, de 73 metros (79 yardas) de alto, que servirá para controlar inundaciones y que ha costado un equivalente a 75 millones de dólares desde que se inició su construcción en 2013, ya está edificada y sus niveles de agua van en ascenso.
“Nuestra seriedad como institución es advertir que está allí patrimonio que se tiene que salvar”, dijo el antropólogo José Luis Perea, director del Centro INAH en Sonora.
De los 44 sitios identificados en la zona, 34 tienen restos de casas o asentamientos temporales. Once sitios tienen unos 140 glifos que representan formas humanas, de animales y abstractas.
Durante una inspección de los sitios a principios de agosto, “nos dimos cuenta de que el embalse ya está inundando 10 sitios con petrograbados” y dentro de poco un total de 20 podrían quedar bajo las aguas, señaló Perea.
Los sellos de obra suspendida son simbólicos en gran medida, ya que los arqueólogos alcanzaron un acuerdo con las agencias locales y federales relacionadas con el agua para que aguarden hasta que concluya la temporada de lluvias en México en octubre para permitir que desciendan los niveles en la presa a fin de rescatar lo que puedan de los sitios antiguos.
Los arqueólogos estudiarán y retirarán alfarería y herramientas de piedra que datan de hace 1.100 años del valle del río y harán modelos tridimensionales de los petroglifos antes de que los niveles del agua suban nuevamente. Los modelos serán utilizados para hacer reproducciones. Retirar los glifos parece impensable.
Como los niveles de las aguas variarán cada temporada, algunos sitios permanecerán siempre inundados, pero otros sólo una parte del año. Expertos confían en aplicar algún tratamiento protector a los petroglifos para preservarlos.
A los guarijíos, muchos de los cuales crían ganado, les prometieron beneficios a cambio de permitir la construcción de la presa, pero se desconoce cuánto les han cumplido.
“Hay una parte de las autoridades y el pueblo (de los guarijíos) que está de acuerdo, y hay otra parte de autoridades y del pueblo que no está de acuerdo”, afirmó Perea.
Juan Rodríguez, representante de los guarijíos que habló durante la inauguración de la presa, declaró: “Creo que es un beneficio para la tribu”. Sin embargo, pidió que “nos echen una mano con todos los compromisos que están pendientes”, en referencia a viviendas, escuelas y atención médica.
López Obrador dijo que se había invertido demasiado dinero del gobierno en la prensa para cuando él asumió la presidencia en 2018 como para suspender el proyecto. El presidente, que se opone enérgicamente al despilfarro de recursos gubernamentales, ha utilizado un argumento similar para continuar con proyectos en otras partes del país.
“No se preocupen, vamos a cumplir todos los compromisos… para que no se queden marginados del desarrollo”, declaró el mandatario a representantes de la comunidad guarijía.
No es la primera vez que el gusto de López Obrador por los proyectos gubernamentales de infraestructura lo pone en desacuerdo con comunidades indígenas.
En julio, el presidente inauguró la construcción del tren Maya, que recorrerá unos 1.500 kilómetros (950 millas) en la península de Yucatán. Irá desde las playas del Caribe al interior de la península al tiempo que estimulará el desarrollo económico en los alrededores de sus 19 estaciones. El gobierno asegura que tendrá un costo equivalente a 6.800 millones de dólares, pero otros sectores aseguran que será mayor.
Algunas comunidades mayas han presentado amparos contra el proyecto del tren con el argumento de que causará daño ambiental. También afirman que no se les consultó adecuadamente o que no les participarán los beneficios.
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