Clouthier sostuvo que el proyecto de ley discriminaría a las posibles exportaciones de vehículos eléctricos fabricados en México y favorecería a productores nacionales, algo que, según ella, está prohibido en el T-MEC (USMCA por sus siglas en inglés).
“Tomaríamos represalias comerciales”, declaró Clouthier, al parecer en referencia a posibles aranceles. “Esta iniciativa es inconsistente con las obligaciones de los Estados Unidos en el T-MEC y con los acuerdos de la OMC”, agregó, en alusión a la Organización Mundial de Comercio.
La industria automovilística en México, en su mayoría conformada por fabricantes de Estados Unidos, Europa y Asia, ha resentido la escasez global de chips y las secuelas de la pandemia de coronavirus.
Clouthier consideró que la iniciativa que analiza el Senado norteamericano podría costarle empleos a México y “podría generar presiones migratorias adicionales”.
Se prevé que el proyecto de ley sea sometido a votación en el Senado a mediados de diciembre. La Casa Blanca dijo en un comunicado que “el crédito fiscal a los vehículos eléctricos en el esquema bajará el costo de un vehículo eléctrico fabricado en Estados Unidos con materiales y mano de obra estadounidenses en unos en 12.500 dólares para una familia de clase media”.
El asunto se volvió el roce comercial más reciente entre ambos países. A Estados Unidos le preocupa que México intente favorecer a sus plantas generadoras de electricidad en manos del gobierno.
En noviembre, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, expresó que Estados Unidos tenía “preocupaciones serias” frente a los intentos del gobierno mexicano para restringir la competencia en el sector eléctrico.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, propuso este año cambios constitucionales para restringir la participación en el mercado de las generadoras privadas de electricidad y favorecer a la empresa eléctrica estatal de México.
En una carta dirigida a Salazar en octubre, unos 20 representantes y senadores de Texas dijeron que la propuesta de López obrador “discriminaría a las empresas estadounidenses generadoras de electricidad”.
La iniciativa que López Obrador presentó en octubre cancelaría contratos según los cuales 34 plantas privadas venden electricidad a la red nacional.
El plan también declararía ilegales a otras 239 plantas privadas que venden energía directamente a clientes corporativos en México. Casi todas esas plantas funcionan con fuentes de energía renovable o gas natural.
El proyecto también prevé la cancelación de muchos contratos de largo plazo para el abastecimiento de energía y programas de compra preferencial de energía limpia, lo que afecta principalmente a compañías extranjeras.
La iniciativa deja casi al final en la fila a las plantas termoeléctricas que utilizan gas natural —apenas adelante de las termoeléctricas estatales que usan carbón— en el derecho a vender electricidad a la red, aunque generan energía a un costo 24% menor.
Las termoeléctricas estatales que queman combustóleo sucio tendrían preferencia sobre las plantas privadas eólicas y solares.
El plan garantiza a la empresa eléctrica del gobierno una participación de mercado de al menos 54%, aunque el T-MEC prohíbe que se favorezca a empresas locales o gubernamentales.
