El Noveno Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos dictamino que los niños inmigrantes que cruzan la frontera sin sus padres tienen derecho a una audiencia judicial para impugnar cualquier decisión de detenerlos en lugar de entregarlos a familiares que viven en el país.
Para los Jueces las leyes aprobadas por el Congreso no terminaron el derecho a una audiencia para niños inmigrantes no acompañados que son detenidos por las autoridades federales en la frontera con Mexico por un agente de la Patrulla Fronteriza.
A partir del año 2014 cientos de menores que huyen de la violencia de pandillas y drogas en El Salvador Guatemala y Honduras han ingresado a los Estados Unidos.
Son colocados con familiares en los Estados Unidos, que cuidan a los menores mientras asisten a la escuela y mientras sus casos pasan por el sistema judicial de inmigración.
Pero el Departamento de Servicios Humanos tiene la autoridad para mantener a los niños en instalaciones seguras si representan un peligro para ellos mismos o para otros si han cometido un crimen. Algunos han pasado meses detenidos.
La decisión del Noveno Circuito se debió a la de un adolescente que denuncio que durante 16 meses los paso en un centro de detención juvenil en el norte de California.
Las autoridades no proporcionaron ninguna explicación para su detención continua, y no recibió audiencia ante un juez de inmigración. Finalmente fue liberado a su madre.
Los psicólogos advierten que este tipo de acciones generan varios tipos de efectos psicológico que no están preparados para sobrellevar.
El gobierno de Barack Obama argumentó que dos leyes una aprobada en 2002 y la otra en 2008 eliminaron el requisito de audiencia de fianza en un acuerdo judicial de 1997 al dar al departamento de servicios humanos toda autoridad sobre las decisiones de custodia y colocación para niños en estas condiciones.
El Departamento de Justicia dijo en una declaración judicial de 2016 que los jueces de inmigración “no son expertos en asuntos de bienestar infantil y poseen mucho menos experiencia en determinar lo que es en el mejor interés del niño” que los funcionarios de servicios humanos.
Grupos en contra de estas medidas esperan que con esta decisión baje el numero de menores en las cárceles.
