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A menos de dos días del final de la sesión legislativa especial, los republicanos de Texas casi han perdido la esperanza de aprobar un proyecto de ley de inmigración de gran alcance considerado una prioridad por el gobernador Greg Abbott y los otros líderes republicanos del estado.
El Senado de Texas se reunió brevemente el domingo por la tarde, pero se retiró sin abordar el proyecto de ley 4 de la Cámara de Representantes (HB 4, en inglés).
El programa de la tarde de la Cámara incluyó un posible debate sobre la medida, que crearía un nuevo delito estatal para penar la entrada no autorizada en Texas desde México. Con la actual sesión especial de la Legislatura de Texas terminando el martes, la HB 4 es probable que tenga que ser revisada durante la próxima sesión extraordinaria de la legislatura.
Desde finales de mayo, Abbott ha ordenado a los legisladores que vuelvan a Austin en tres ocasiones para tratar asuntos pendientes, entre ellos la aplicación de la ley de inmigración y las cuentas de ahorro para la educación (ESA, por sus siglas en inglés), un programa similar a los vales escolares. Mientras que la legislación sobre educación siempre se consideró más polémica, las propuestas sobre inmigración se han visto atrapadas en una escaramuza intrapartidista entre el vicegobernador Dan Patrick y el presidente de la Cámara de Representantes, Dade Phelan, republicano de Beaumont.
La Cámara de Texas aprobó la HB 4, del representante estatal David Spiller, republicano de Jacksonboro, el 26 de octubre. Su versión hace que el ingreso no autorizado a través de la frontera de Texas sea un delito menor de clase B, o un que tenga una pena mayor en función de los antecedentes penales del sospechoso. Pero la policía también podría optar por ordenar al sospechoso que se dirija a un puesto de entrada y regrese al país por el que entró. Si la persona no lo hiciera, podría ser acusada de un delito grave de segundo grado, que conlleva penas de prisión de dos a 20 años.
Citando preocupaciones sobre si el proyecto de ley entraría en conflicto con la ley federal, el senador estatal Brian Birdwell, R-Granbury, sustituyó el lenguaje en el proyecto de ley durante una audiencia del comité del Senado la semana pasada. En su lugar, su versión del proyecto de ley requiere que el migrante sea transferido a las autoridades federales para su deportación.
El enfrentamiento entre los principales líderes republicanos del estado comenzó poco después.
“La versión de la Cámara de Representantes de la HB 4 no exige la identificación adecuada de los sospechosos, ni huellas dactilares, ni una comprobación de antecedentes y permite a los ilegales que cruzan la frontera volver cuando quieran, una y otra vez”, dijo Patrick en un post en la red social X. “Incluso si se les regresa a la frontera, esta política permitiría a criminales y terroristas no identificados escabullirse por las grietas y cruzar la frontera una y otra vez”.
Phelan contraatacó rápidamente con su opinión sobre los cambios del Senado.
“La crítica infundada de Dan Patrick al proyecto de ley 4 de la Cámara es un intento transparente de desviar la atención de la propia respuesta impotente de su cámara a la creciente crisis en nuestra frontera, una crisis que exige una acción decisiva, no las estrategias ineficaces que vende el Senado”, dijo Phelan en un comunicado. “El proyecto de ley de la Cámara fue cuidadosamente diseñado con la Oficina del Gobernador para repeler eficazmente los cruces fronterizos ilegales y devolver rápidamente a los migrantes a su punto de entrada, mientras que el proyecto de ley pro-inmigración ilegal del Senado albergaría a los inmigrantes indocumentados por hasta 99 años, cargando a los contribuyentes de Texas con los exorbitantes costos de su detención a largo plazo, incluyendo atención médica, vivienda y comidas”.
Steven Aranyi, portavoz de Patrick, dijo a The Texas Newsroom que el lenguaje de la Cámara hace que la toma de huellas digitales sea opcional.
“La versión de la Cámara permite a los agentes de la ley aceptar lo que les diga la persona ilegal que cruza la frontera sin exigir una verificación adicional para asegurarse de que no están liberando a un terrorista o a un criminal endurecido”, escribió Aranyi en un correo electrónico. “Es un riesgo demasiado grande para correrlo”.
Aunque el desacuerdo podría haberse resuelto modificando el texto del proyecto de ley, la Cámara de Representantes interrumpió su trámite el jueves pasado y dijo que se quedaría a la espera del Senado. Tampoco está claro si, de haberse llegado a un acuerdo, habría habido tiempo suficiente para que ambas cámaras limaran las diferencias en el proyecto de ley a través de un comité de conferencia antes de que finalice la sesión especial del martes.
El vicegobernador Patrick pareció presagiar lo inevitable cuando adoptó un tono más conciliador durante el fin de semana.
“El Presidente de la Cámara tiene que trabajar con el equipo del Gobernador y el Senado en la aprobación de un gran proyecto de ley desde el primer día de la nueva sesión especial, que puede comenzar tan pronto como el miércoles. Depende de él”, publicó.
¿Preparando un recurso judicial?
Mientras los líderes de la Cámara airean sus quejas en las redes sociales y a través de declaraciones a la prensa, los expertos en inmigración y en asuntos legales se mantienen firmes en que, sea cual sea la versión del proyecto de ley que llegue a la mesa de Abbott, se avecina una impugnación en los tribunales federales. Esto se debe a que la inmigración es principalmente una función del gobierno federal.
Durante una audiencia del comité la semana pasada, Lisa Graybill, vicepresidente de la ley y la política en el Centro Nacional de Derecho de Inmigración, dijo que la HB 4 requiere un tribunal estatal determine el estatus migratorio de una persona, lo cual es un asunto de los jueces federales de inmigración.
“[El proyecto de ley HB 4] está directamente subordinado a la ley federal, no importa cuántas veces la gente en este panel diga que no lo está”, declaró. “No puedes ponerle lápiz de labios a un cerdo. Esto es indiscutiblemente el estado de Texas tratando de regular la inmigración y el gobierno federal ya ocupa ese espacio”.
Pero es probable que los dirigentes republicanos del estado acojan con agrado un desafío judicial que podría llegar hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que podría revisar una sentencia de 2012 en la que consideraba que la inmigración es principalmente una responsabilidad federal.
Traducido por Maria Arce.
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