Texas Tribune.
La Cámara de Representantes de Texas dio el sábado aprobación inicial a un proyecto de ley que requerirá que los alguaciles del estado colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos a través de un programa que otorga a los oficiales locales la autoridad para cumplir órdenes de inmigración federales en su cárcel.
La cámara baja votó 89-50 a favor de la aprobación preliminar del Proyecto de Ley Senatorial 8 después de que el representante estatal David Spiller , republicano de Jacksboro, quien impulsó la legislación, la modificara para que se aplique a todos los condados. La versión anterior solo requería que los alguaciles de los condados más grandes del estado firmaran los acuerdos con el ICE.
“Este proyecto de ley no es una reforma migratoria”, declaró Spiller el sábado. “Este proyecto de ley es, indirectamente, el más sólido en seguridad fronteriza que podríamos tener en esta legislatura”.
El SB 8 necesita una votación más en la Cámara antes de poder regresar al Senado. La cámara alta debe aprobar los cambios, o ambas cámaras deben resolver sus diferencias, antes de que el proyecto de ley pueda enviarse al gobernador Greg Abbott .
“El gobernador Abbott ha dejado claro que las ciudades y condados de Texas deben cooperar plenamente con las iniciativas del gobierno federal para arrestar, encarcelar y deportar a los inmigrantes indocumentados”, declaró Eduardo Leal, subsecretario de prensa de Abbott, en un comunicado. “El gobernador revisará esta legislación, como lo hace con cualquier legislación que se le presente para lograr ese objetivo”.
Según la propuesta, los alguaciles deberán solicitar acuerdos de colaboración con el ICE, conocidos como acuerdos 287(g), llamados así por la ley federal que creó el programa. El ICE puede autorizar a las autoridades locales a llevar a cabo ciertos tipos de control migratorio en las cárceles locales, donde los agentes pueden ser designados para interrogar a los reclusos sobre su estatus migratorio y ejecutar órdenes administrativas.
En el terreno, ICE puede autorizar a oficiales locales a interrogar a personas sobre su estatus migratorio a través de un modelo que la administración Trump ha revivido después de que cayera en desuso tras acusaciones de que conducía a la discriminación racial.
La SB 8 exigiría que los alguaciles firmen acuerdos para el programa que autoriza a los agentes locales a entregar órdenes administrativas, conocido como el modelo de “entrega de órdenes”. Sin embargo, los alguaciles de Texas también podrían cumplir con el requisito del proyecto de ley participando en los demás programas.
La SB 8, presentada por el senador estatal Charles Schwertner , republicano por Georgetown, también autorizaría al fiscal general de Texas a demandar a los alguaciles que no cumplan con las normas. Además, ofrecería subvenciones a los alguaciles para ayudar a compensar los costos de participación en el programa que no son reembolsados por el gobierno federal.
Se prevé que el proyecto de ley sea la pieza legislativa más importante relacionada con la inmigración aprobada por los legisladores en esta sesión.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación de que un requisito de este tipo conduzca a la discriminación racial de las personas negras y morenas y propague el miedo entre los tejanos indocumentados, que pueden dudar en denunciar delitos o buscar ayuda de las autoridades que están trabajando más de cerca con ICE.
La SB 8 podría impulsar los esfuerzos de deportación masiva de la administración Trump, que se han visto obstaculizados por recursos y personal limitados.
Setenta y dos agencias del orden público de Texas, la mayoría de ellas alguaciles, habían firmado acuerdos 287(g) con el ICE hasta el viernes, según estadísticas publicadas por la agencia federal. Otras cuatro oficinas del alguacil en Texas tenían acuerdos pendientes.
Aproximadamente el 20% de los acuerdos vigentes hasta el viernes entre las agencias de Texas y el ICE eran para el “modelo de grupo de trabajo” que extiende las autoridades de inmigración a los oficiales que realizan tareas policiales rutinarias.
.
