MIAMI
Mancuso permanece bajo custodia en Estados Unidos, donde completó en marzo una sentencia a 12 años de cárcel por tráfico de cocaína. Colombia está apelando el fallo administrativo de un tribunal que dispuso que sea enviado a Italia, país del que es ciudadano.
Los abogados de Mancuso dicen que sería asesinado de regresar a Colombia, una nación que todavía no cicatriza las heridas dejadas por décadas de un sangriento conflicto. Afirman que cumplió con las obligaciones contraídas bajo el acuerdo que negoció en el 2003, que fija condenas de no más de ocho años para los jefes paramilitares que confiesan sus crímenes.
Las víctimas de Mancuso, sin embargo, exigen la justicia que dicen se las ha negado hasta ahora. Las autoridades colombianas aducen asimismo que negar el pedido de deportación de Mancuso sería un enorme desaire a un firme aliado que trata de superar un conflicto civil de décadas que dejó 260.000 muertos y millones de desplazados. A esa carnicería contribuyó la demanda de cocaína en Estados Unidos, un tráfico que financió a grupos armados ilegales como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de Mancuso.
Sucesivos gobiernos conservadores enviaron a miles de colombianos a Estados Unidos para que sean juzgados por tráfico de drogas. El de Mancuso es el caso más sonado, ya que dirigió la producción y el transporte de más de 138.000 kilos de cocaína, según el acuerdo que firmó con Estados Unidos.
“Enviarlo a Italia sería una traición repugnante a las víctimas”, afirmó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. “Si el gobierno colombiano está honestamente comprometido con la justicia en relación con crímenes atroces, debería agotar todas las instancias legales para que Mancuso sea enviado a Colombia, responda por sus actos y se evite esta humillación a las víctimas”.
La disputa pone de manifiesto las cosas que quedan pendientes en relación con el proceso de paz que involucra a los paramilitares, conocido como Justicia y Paz, que dio paso a la desmovilización de 30.000 combatientes de derecha pero no llegó a cumplir cabalmente el objetivo de verdad y reconciliación.
Las heridas reaparecieron este mes cuando la Corte Suprema colombiana ordenó el arresto del expresidente Álvaro Uribe en el marco de una investigación sobre si colaboró en el soborno de testigos para acallar sospechas en torno a sus relaciones con los paramilitares.
En el 2008, Uribe extraditó a Mancuso y a otros 13 jefes paramilitares para que fuesen juzgados por tráfico de drogas en Estados Unidos. Sus detractores dicen que la inesperada medida, que parece una violación a los acuerdos de paz, buscaba silenciar a esas figuras justo cuando empezaban a revelar secretos sobre sus delitos y la colaboración de políticos, incluido Uribe, quien como gobernador departamental en la década de 1990 apoyó la creación de grupos armados legales para proteger a los hacendados de las guerrillas izquierdistas.
“Conmigo extraditaron la verdad”, declaró Mancuso a medios colombianos poco después de su llegada a Estados Unidos en el 2008.
El 16 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dispuso el envío de Mancuso a Italia, según dos personas allegadas a Mancuso que hablaron a condición de no ser identificadas para comentar un procedimiento administrativo privado.
Pero la deportación no se produjo. En junio, fiscales estadounidenses que actuaban en nombre de colegas colombianos pidieron que Mancuso, de 55 años, fuese extraditado a Colombia para cumplir una condena a 27 años por los secuestros de dos parientes de un alto jefe rebelde, de acuerdo con documentos legales estadounidenses. Combatientes de las AUC disfrazados de policías secuestraron a uno en una floristería y al mismo tiempo, un comando que se hizo pasar como un posible comprador irrumpió en la residencia del otro.
Mancuso, quien según el pedido de extradición habló por teléfono con uno de los secuestradores inmediatamente después de la operación, posteriormente asumió la responsabilidad de los secuestros cometidos por sus tropas. Las dos víctimas fueron asesinadas.
Colombia retiró su pedido de extradición el mes pasado y el caso fue cerrado en Estados Unidos. Si bien el gobierno no dio las razones de su decisión, pareciese que el abogado de Mancuso en Miami, Joaquín Pérez, fue más astuto que los fiscales.
El mes pasado, una jueza de Bogotá concedió a Mancuso la libertad condicional en Colombia. La jueza dijo que los años que Mancuso pasó preso en Estados Unidos satisfacían los requisitos de la ley de Justicia y Paz, que permite que condenas alternativas de hasta ocho años sean cumplidas en el exterior. La jueza dejó sin efecto la orden de arresto el 15 de julio y cinco días después Colombia retiró su pedido de extradición.
El presidente colombiano Iván Duque dice que quiere que Mancuso regrese a Colombia y los fiscales piden su detención en conexión con otros delitos. Esos cargos, sin embargo, no son reconocidos por las leyes estadounidenses ya que derivan de su condición de jefe de las AUC, no de órdenes específicas que haya dado. Mancuso también está siendo investigado en Colombia por un presunto lavado de dinero después de sus desmovilización.
La aparente solidez de los planteamientos legales de Mancuso no impide que las autoridades colombianas sigan insistiendo en su arresto. Y en un país con un sistema legal complejo, débil y corrupto, no sería de extrañar que algún juez emitiese una orden de arresto.
El presidente Duque ha dicho que la condena que Mancuso cumplió en Estados Unidos no puede ser usada para evitar sentencias por “crímenes de lesa humanidad” en Colombia.
“Más se demora él en pisar suelo italiano, que en yo presentarle a la Corte Penal Internacional directamente una solicitud para que sea procesado por esos crímenes”, dijo Duque en una reciente entrevista con la revista colombiana Semana.
Algunos detractores dicen que las medidas que está tomando el gobierno de Duque son un puro formalismo.
El senador opositor de izquierda Iván Cepeda opinó que Duque –cuyo mentor político es Uribe y que tiene entre sus partidarios a políticos que estuvieron presos por sus vínculos con la AUC– tiene poco que ganar con el regreso de Mancuso.
“Tienes que ser muy ingenuo para creer que un error simplemente administrativo es lo que frustra el retorno de la fuente más importante sobre la historia del paramilitarismo”, expresó Cepeda, quien ha viajado a Estados Unidos para hablar con Mancuso en nombre de las víctimas.
Cepeda, quien es el principal acusador de Uribe y cuyo padre fue asesinado por los paramilitares, quiere que se realice una vista legislativa sobre lo que considera el mal manejo del pedido de extradición que hizo Colombia
Surgidas como fuerzas de autodefensa creadas por los hacendados en los años 80 para contrarrestar los secuestros y pedidos de extorsión de los rebeldes izquierdistas, los paramilitares tomaron el control de buena parte de la costa caribeña de Colombia hacia fines de los 90, matando a miles de personas y apropiándose de millones de hectáreas de tierra al tiempo que se quedaban con lucrativas rutas para el transporte de drogas. En el 2001 Estados Unidos catalogó a las AUC como una organización terrorista extranjera.
Mancuso expresó un mayor arrepentimiento que otros líderes paramilitares y se mostró dispuesto a hacer las paces con sus antiguos enemigos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que firmaron su propio acuerdo de paz con el gobierno en el 2016.
Su sofisticación –estudió inglés en la Universidad de Pittsburgh– siempre lo distinguió de otros jefes paramilitares de zonas rurales. Robert Spelke, fiscal federal retirado que lidió con el narcotráfico y encabezó casos que involucraron a paramilitares, describió a Mancuso como un testigo “muy brillante, muy agradable” y cooperador, decidido a decir la verdad. Spelke entrevistó durante unas 200 horas a Mancuso y dijo que en una ocasión el líder paramilitar lloró al relatar una matanza de civiles perpetrada por los paramilitares.
“Sé lo que hizo esta gente”, declaró Spelke. “Pero cuando te pones en su lugar… fue una guerra perversa. Quisiera pensar que yo hubiera hecho las cosas de otro modo, pero si las FARC están matando a mi familia, robándose mi ganado…”.
La disposición de Mancuso a hablar ha sacudido la política colombiana.
Su afirmación del 2005 en el sentido de que un tercio de los legisladores colombianos habían sido elegidos con apoyo de los paramilitares desató una ola de investigaciones judiciales que dio lugar al arresto de decenas de funcionarios elegidos, incluido un senador que es primo de Uribe.
Su cooperación con el proceso de Justicia y Paz continuó desde Estados Unidos, donde participó en más de 300 videoconferencias con investigadores colombianos y víctimas.
En un gesto simbólico que estremeció a muchos colombianos, Mancuso habló por teléfono el mes pasado con el exjefe de las FARC Rodrigo Londoño. Los antiguos adversarios se comprometieron a apoyar la paz, la reconciliación y la ayuda a millones de víctimas.
Esa sinceridad es lo que hizo que Mancuso fuese extraditado a Estados Unidos y lo que haría que su vida peligrase si es enviado de vuelta a Colombia, según Jaime Paeres, su abogado en Colombia. Varios familiares han recibido amenazas y el mes pasado Paeres denunció ante el fiscal general que había sido el blanco de un ataque de 35 individuos armados que irrumpieron en una hacienda vecina a la finca donde se encontraba él.
“Mancuso quiere volver a Colombia. Pero somos nosotros, sus abogados y amigos, e incluso algunas autoridades, quienes le han dicho que no regrese”, manifestó Paeres. “No tengo ninguna duda de que lo matarán si viene a Colombia“.
Después de que se ordenase que Mancuso fuese enviado a la tierra de su padre, Italia, las autoridades colombianas pusieron en marcha una última gestión para tratar de que regrese a Colombia.
El embajador colombiano en Washington Francisco Santos se reunió en semanas recientes con funcionarios estadounidenses en la Casa Blanca y con funcionarios de los departamentos de Estado y de Justicia para tratar de bloquear su traslado a Italia según un alto funcionario colombiano que habló a condición de permanecer anónimo por estar comentando conversaciones privadas.
El Departamento de Estado y la Casa Blanca no comentaron el tema. Una portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) dijo en un comunicado que Mancuso está a su cargo desde el 21 de julio y que esperan la orden deportación. El ICE se negó a dar detalles, aduciendo razones de seguridad.
Si bien la extradición de narcotraficantes alivió la presión sobre los investigadores en Colombia, es inusual que Colombia pida que se detenga a alguien en el exterior.
Pero el valor de Mancuso es único. Si el exjefe paramilitar, famoso por su locuacidad, regresa a Colombia, seguramente contará verdades incómodas que muchos colombianos preferirían no escuchar, según el legislador izquierdista Cepeda.
“Hay mucha verdad conocida”, comentó Cepeda. “Pero puede haber mucho más”.
.
