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Decenas de congresistas demócratas pidieron el martes a la administración de Biden que ponga fin a la revisión acelerada de solicitantes de asilo bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, calificándola de “práctica apresurada” que ha permitido poco acceso a asesoría legal.
Mientras la administración se preparaba para lanzar revisiones rápidas en las instalaciones de detención de la Patrulla Fronteriza esta primavera, las autoridades prometieron que el acceso a un abogado sería una diferencia clave con respecto a la versión de la política de la era Trump. Hasta ahora, esa promesa parece incumplida.
Un grupo de abogados involucrados estimó que quizás 100 inmigrantes obtuvieron representación formal en los primeros tres meses de la política, informó The Associated Press el mes pasado, y solo cientos más recibieron asesoramiento informal a través de llamadas telefónicas únicas antes de las evaluaciones aceleradas. Eso representa una mera fracción de los miles de exámenes acelerados desde principios de abril, aunque las autoridades no han proporcionado un recuento preciso.
La carta a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, firmada por 13 senadores y 53 miembros de la Cámara de Representantes, decía que realizar las entrevistas de “miedo creíble” tan solo 24 horas después de la llegada a un centro de detención era “inherentemente problemático”, especialmente sin acceso a un abogado.
“Brindar a las personas una adjudicación justa, incluido el tiempo adecuado para obtener pruebas, preparar el caso y obtener y trabajar con un abogado, es particularmente clave para las personas que huyen de daños o torturas que amenazan la vida”, dice la carta.
Los firmantes incluyen a Alex Padilla de California, presidente del Subcomité Judicial del Senado sobre Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza, Bob Menéndez de Nueva Jersey, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y la representante Nanette Barragán de California, presidenta del Caucus Hispano del Congreso. .
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que ha tomado medidas significativas para garantizar un proceso “seguro y eficiente” para los solicitantes de asilo que incluye acceso a cabinas telefónicas para consultas con asesores legales y otros.
También el martes, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes dijo que ya no atendería a los solicitantes de asilo bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza “después de más de dos meses de intentar superar la obstrucción de la administración Biden que hizo imposible brindar información y representación legal significativa”. El grupo dice que ha representado a unas 30 personas bajo la nueva política.
La administración intensificó las evaluaciones rápidas cuando puso fin a las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia, conocidas como autoridad del Título 42, e introdujo nuevas reglas que hacen que sea mucho más difícil para las personas solicitar asilo sin presentar una solicitud en línea fuera de los EE. UU. o buscar primero protección en un país. ellos pasan.
El porcentaje de personas que pasaron las pruebas de asilo cayó al 60% durante la primera quincena de julio, luego de que se recuperara el proceso acelerado, frente al 77% de la segunda quincena de marzo, justo antes de que comenzara.
La administración ha enfrentado críticas de defensores de la inmigración de que las nuevas reglas ignoran las obligaciones bajo las leyes estadounidenses e internacionales de brindar asilo y de aquellos que respaldan las restricciones que dicen que las autoridades están actuando con demasiada generosidad a través del sistema de citas en línea, que admite hasta 1,450 personas por día, y libertad condicional de hasta 30.000 al mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
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