AP.
Desde que hace dos meses empezó a laborar los fines de semana en calidad de voluntario en una clínica de uno de los albergues más grandes de esta ciudad fronteriza mexicana, el doctor Brian Elmore ha atendido a unos 100 migrantes por virus respiratorios y un puñado de emergencias más serias.
Pero lo que más le preocupa es un problema que no ha logrado atender: Los traumas cada vez más graves que tantos migrantes llevan consigo después de las largas travesías hacia el norte que con frecuencia incluyen ser testigos de homicidios y víctimas de secuestros y agresión sexual.
“La mayoría de nuestros pacientes tienen síntomas de trastorno por estrés postraumático. Quiero iniciar una revisión para cada paciente”, dijo Elmore, médico de emergencias en la Clínica Hope. Fue abierta hace unos meses por el organismo católico no lucrativo Hope Border Institute (Instituto Fronterizo Esperanza), con ayuda del obispo Mark Seitz de El Paso, Texas, limítrofe con Ciudad Juárez.
Médicos, trabajadores sociales, directores de albergues, el clero y la policía dicen que crecientes números de migrantes sufren violencia que equivale a tortura y están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos con una urgente necesidad de tratamiento médico y de salud mental debido a traumas.
Pero los recursos para esta atención tan especializada son tan reducidos, y la red de albergues está tan abrumada por las nuevas llegadas y por migrantes que llevan meses estancados debido a las restricciones de Estados Unidos al asilo, que sólo se pueden atender los casos más graves.
“Como una embarazada de 13 años que huyó de violaciones en grupo y, por lo tanto necesita ayuda con el cuidado infantil y la secundaria”, dijo Zury Reyes Borrero, encargada de atención a casos en el Centro para Víctimas de Tortura en Arizona, que visitó a la niña cuando dio a luz. “Recibimos a las personas en su momento más vulnerable. Algunas ni siquiera caen en la cuenta de que están en Estados Unidos”.
En los últimos seis meses, Reyes Borrero y un colega han ayudado a unos 100 migrantes en Casa Alitas de los Servicios Comunitarios Católicos, un albergue en Tucson, Arizona, que para diciembre recibía a diario a unas 700 personas liberadas por las autoridades estadounidenses provenientes de países tan distintos como la República Democrática del Congo y México.
Cada visita puede demorar horas, ya que los trabajadores de casos intentan establecer buena relación con los migrantes, enfocándose en fortalecerlos, dijo Reyes Borrero.
“Esta no es una comunidad en la que haya conversaciones apacibles… Ellos podrían no tener ningún recuerdo (de estar en un lugar) seguro”, dijo Sarah Howell, quien dirige un consultorio y un organismo no lucrativo en Houston que atiende a migrantes que sobrevivieron a torturas.
Cuando visita a pacientes en sus nuevas comunidades en Texas, constantemente le presentan a parientes o vecinos que también necesitan ayuda debido a traumas severos, pero que carecen de la estabilidad y la seguridad necesarias para sanar.
“El nivel estimado de necesidad es al menos cinco veces mayor del que nosotros apoyamos”, dijo Leonce Byimana, director de servicios clínicos de Estados Unidos en el Centro para Víctimas de Tortura, que opera clínicas en Arizona, Georgia y Minnesota.
La mayoría de los migrantes están traumatizados por lo que dejaron atrás, así como por aquello que encontraron en el camino, dijo Byimana. Necesitan “primeros auxilios en salud mental”, al igual que atención a largo plazo, que es incluso más difícil de organizar una vez que se alejan de los albergues en las zonas fronterizas hacia comunidades por todo el país, agregó.
Si no se atienden, esos traumas pueden aumentar al grado de necesitar atención psiquiátrica en lugar de terapia y autoayuda, dijo Dylan Corbett, director ejecutivo del Instituto Fronterizo Esperanza.
El Servicio Jesuita a Refugiados/Estados Unidos, la sucursal estadounidense de la agencia mundial católica para los refugiados, indicó que planea incrementar los recursos para salud mental en las próximas semanas en El Paso, en donde han aumentado los cruces de migrantes, dijo su directora, Joan Rosenhauer.
A lo largo de toda la frontera, la tendencia más impactante ha sido el aumento de mujeres y niñas embarazadas, algunas menores de 15 años, que son víctimas de acoso y violencia doméstica.
Los voluntarios y activistas están topándose con tantas de estas sobrevivientes que han tenido que enfocar sus escasos recursos jurídicos, médicos y de albergues para ayudarlas, dejando a cientos de otras víctimas de violencia política y crimen organizado a que se las arreglen como puedan.
.
