EFE.
México vive un “retroceso” institucional en materia de derechos humanos agudizado por las barreras informativas que ha implementado el Estado mexicano, según plantea un informe presentado este miércoles por la organización Artículo 19.
“Los datos, las voces, incluso los silencios contenidos en este informe hablan, no sólo de un retroceso institucional, sino de una embestida contra la libertad de expresión y el derecho a saber”, señaló Leopoldo Maldonado, director regional de la organización para México y Centroamérica al presentar el reporte ‘Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información’.
El informe se presenta en un contexto en el que, tan sólo en 2024, se registraron 639 agresiones contra la prensa, incluidos cinco asesinatos de periodistas, lo que representa un incremento del 13.9% frente a 2023 y equivale a un ataque cada 14 horas.
El documento expone los principales obstáculos que enfrenta México en materia de libertad de expresión, acceso a la información y violencia contra la prensa.
“Enfrentamos una de las etapas más retadoras en materia de transparencia, acceso a la información, libertad de expresión y derechos humanos”, enfatizó Maldonado.
La primera de esas barreras, puntualizó, es la desaparición de órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues aseguró que fue parte de un “apagón democrático”.
Señaló que, si bien, las funciones de este organismo serán realizadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la transición “genera una enorme incertidumbre en la garantía de derechos derivada de la evidente falta de independencia” de dicha dependencia.
La segunda barrera, dijo, se refiere a lo digital y la vigilancia, con un Estado que pretende digitalizarse, pero no establece marcos de transparencia y salvaguarda adecuados, “por ejemplo, para privacidad y datos personales”.
“El reto es no dejar afuera a los diversos sectores sociales y que el proceso de digitalización respete los derechos humanos”, enfatizó.
La tercera barrera, señaló, es la persistente violencia contra la prensa, que se agudiza con el creciente acoso judicial, las agresiones en línea y el uso de las conferencias presidenciales matutinas para seguir estigmatizando el periodismo, que replican el modelo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
“En México, la prensa informa entre balas, amenazas, demandas y campañas de odio. El desafío ahora es consolidar una política integral de protección a periodistas que vaya más allá de la reacción ante el ataque y se enfoque en la prevención, pero también en la justicia, reparación y ruptura de pactos de impunidad”, dijo.
La cuarta barrera, precisó, es la transición al olvido y la normalización de la tragedia, pues si bien en 2024 se reconoció la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 como un crimen de Estado, no se mencionó al Ejército “como institución responsable”.
Además de que se ignoran informes de la Comisión de la Verdad y el Esclarecimiento Histórico que documentan la participación de las Fuerzas Armadas en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura durante la llamada Guerra Sucia.
“Hoy, más de 124 mil personas están desaparecidas en México. Más de 72 mil cuerpos permanecen sin identificarse. Nos debería indignar, pero parece ser ya parte de una normalidad social institucional. Precisamente casos como el de Teuchitlán reiteran el desprecio institucional hacia la tragedia humana”, zanjó.
La quinta barrera, expuso, es la incertidumbre institucional, pues las instituciones que garantizan y defienden los derechos humanos han sido, desde el siglo pasado, “sistemáticamente debilitadas”.
Precisó que recuperar la confianza exige reformas profundas, pero también un compromiso “real” de proteger, investigar y garantizar derechos: “se requiere, en suma, voluntad política”.
Dijo que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tiene la oportunidad histórica de corregir errores de su predecesor, gobernar con la verdad y construir instituciones que protejan.
“Por eso hacemos un llamado siempre respetuoso, pero contundente, para que a partir de este diagnóstico crítico y muchos otros que tienen las organizaciones de la sociedad civil mexicana, podamos construir alternativas y soluciones en clave de derechos”, señaló.
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