AP.
El plan del presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de personas que están ilegalmente en Estados Unidos seguirá bloqueado luego de que una orden de un juez entró en vigencia el viernes y otro parecía inclinado a seguir su ejemplo.
El juez federal de distrito Joseph LaPlante en New Hampshire había pausado su propia decisión para permitir que la administración Trump apelara, pero como no se presentó ninguna apelación en la última semana, su orden entró en vigor.
“La orden del juez protege a todos los niños cuya ciudadanía fue cuestionada por esta orden ejecutiva ilegal”, declaró Cody Wofsy, abogado de la ACLU que representa a los niños afectados por las restricciones de Trump. “El gobierno no ha apelado ni solicitado medidas de emergencia, por lo que esta orden judicial ya está vigente en todo el país”.
La administración Trump aún podría apelar o incluso pedir que se limite la orden de LaPlante, pero el esfuerzo por terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de padres que están en los EE. UU. ilegal o temporalmente no puede entrar en vigor por ahora.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios.
Mientras tanto, un juez de Boston escuchó los argumentos de más de una docena de estados que afirman que la orden de ciudadanía por nacimiento de Trump es manifiestamente inconstitucional y amenaza millones de dólares en servicios esenciales. Se espera que el asunto regrese rápidamente al máximo tribunal del país.
Solicitaron al juez federal de distrito Leo Sorokin que considerara mantener vigente la orden judicial de alcance nacional que había otorgado previamente o considerar una solicitud del gobierno para limitar el alcance de dicha orden o suspenderla por completo. Sorokin, con sede en Boston, no emitió un fallo de inmediato, pero parecía inclinarse a favor de los estados.
Los abogados del gobierno habían argumentado que Sorokin debería limitar el alcance de su fallo anterior que otorgaba una orden judicial preliminar, argumentando que debería “adaptarse a los supuestos daños financieros de los estados”.
LaPlante emitió el fallo la semana pasada prohibiendo que la orden ejecutiva de Trump entre en vigor a nivel nacional en una nueva demanda colectiva, y un juez con sede en Maryland dijo esta semana que haría lo mismo si un tribunal de apelaciones la firmara.
Los jueces dictaminaron el mes pasado que, por lo general, los tribunales inferiores no pueden emitir órdenes judiciales de alcance nacional, pero no descartaron otras órdenes judiciales que podrían tener efectos a nivel nacional, como las demandas colectivas y las interpuestas por los estados. La Corte Suprema no determinó si la orden de ciudadanía subyacente es constitucional.
