Texas Tribune.
La Cámara de Representantes de Texas rechazó el miércoles una novedosa propuesta que pedía a los votantes enmendar la Constitución del estado para negar automáticamente la libertad bajo fianza a cualquier migrante no autorizado acusado de ciertos delitos graves, y los demócratas se mantuvieron firmes en desechar la última pieza del paquete de fianzas prioritario del gobernador Greg Abbott .
La Resolución Conjunta Senatorial 1 , la última medida aún elegible para la aprobación de la Cámara de Representantes de un paquete más amplio que endurece las leyes estatales sobre fianzas, no alcanzó los 100 votos necesarios para incluir una enmienda constitucional en la boleta electoral, obteniendo el apoyo de todos los republicanos y solo dos demócratas: el representante Joe Moody de El Paso, el principal negociador demócrata en materia de fianzas, y el representante Richard Raymond de Laredo. La votación final fue de 87 a 39, con cuatro demócratas que declinaron pronunciarse y se declararon presentes.
Según la Constitución estatal, casi toda persona arrestada tiene derecho a la libertad bajo fianza. Las excepciones limitadas son las personas acusadas de homicidio capital y las acusadas de ciertos delitos graves reincidentes o violaciones de la fianza. Según la Constitución de los Estados Unidos y la Corte Suprema de los Estados Unidos, la fianza no puede ser excesiva, y la prisión preventiva, en general, no debe considerarse la opción predeterminada a menos que el acusado represente un riesgo para la fuga o la seguridad, ya que los acusados se presumen inocentes.
La semana pasada, los legisladores aprobaron por abrumadora mayoría el componente central del paquete más amplio de fianzas, la Resolución Conjunta Senatorial 5 , además del Proyecto de Ley Senatorial 9 , lo que marca el comienzo de una drástica represión del sistema de fianzas estatal, que Abbott había impulsado durante varias sesiones. La SJR 5, si el Senado aprueba la versión de la Cámara, como se espera, solicitará a los votantes en noviembre que exijan a los jueces que denieguen la fianza, en ciertos casos, para los delitos más violentos.
“Hemos trabajado arduamente en esto durante mucho tiempo”, declaró Abbott a la prensa en la Cámara la semana pasada. “Demasiadas personas han sido asesinadas debido al deficiente sistema de fianzas que teníamos, y los miembros de la Cámara dieron un paso al frente e hicieron lo que debían hacer por sus electores: emitir un voto que salvará vidas en sus distritos”.
Pero el miércoles, los demócratas le negaron a Abbott el paquete legislativo completo que había impulsado al rechazar la SJR 1 y la Resolución Conjunta del Senado 87 , una propuesta de último momento para negar automáticamente la libertad bajo fianza a cualquier persona acusada de ciertos delitos graves si previamente había sido condenada por un delito grave o estaba en libertad bajo fianza en el momento del presunto delito.
“La Cámara tomó medidas significativas para promulgar reformas inteligentes y basadas en evidencia que empoderan a nuestro sistema de justicia para mantener seguras a las comunidades, al tiempo que rechazó con éxito proyectos de ley desagradables y discriminatorios que habrían arrastrado a Texas hacia atrás”, dijo el representante Gene Wu , demócrata de Houston y presidente del Caucus Demócrata de la Cámara, en un comunicado el miércoles.
La SJR 1 no logró superar el umbral de 100 votos la semana pasada y fue pospuesta repetidamente hasta el miércoles, el último día en que la Cámara podía dar la aprobación final a cualquier propuesta del Senado.
Los principales legisladores pasaron la semana intentando improvisar un acuerdo que lograra suficiente apoyo demócrata, pero finalmente fracasó. Muchos demócratas afirmaron, antes de la votación del miércoles, que ninguna enmienda podría disipar su aprensión sobre la legislación.
“Para muchos miembros, sin importar lo que diga JR, la retórica en sí es tóxica hasta el punto de que no sé si será posible cambiarla para aprobarla”, dijo Moody a The Texas Tribune la semana pasada.
“La idea de que JR siga fomentando la retórica de que los inmigrantes solo están aquí para ejercer violencia o violar a sus esposas e hijas”, dijo, impedía que la mayoría de los demócratas apoyaran la propuesta. La semana pasada, Moody denunció el lenguaje “deshumanizante” y, en ocasiones, “manifiestamente racista” presente en los debates políticos sobre inmigración.
Los líderes republicanos enmarcaron la medida como un paso para proteger al público de inmigrantes peligrosos no autorizados, que según ellos representaban un riesgo de fuga de facto dada la forma en que ingresaron al país.
“Intentamos ser un país muy generoso”, declaró la semana pasada el representante John Smithee , republicano por Amarillo y presidente del Comité de Jurisprudencia Penal de la Cámara de Representantes. “Pero cuando alguien entra a nuestro país y perjudica a nuestros ciudadanos, nos interesa asegurarnos de proteger a otros ciudadanos para que no les perjudiquen también”.
Los demócratas señalaron su abrumador apoyo a la SJR 5 como evidencia de su compromiso con la seguridad pública, un intento, en parte, de evitar futuros ataques políticos por su rechazo a la SJR 1 y la SJR 87.
“Los demócratas adoptaron una postura firme en materia de seguridad pública”, declaró Moody a The Texas Tribune la semana pasada, calificando la SJR 5 como “la enmienda constitucional más firme que se haya propuesto jamás sobre la denegación de libertad bajo fianza”.
“Se llevó a cabo de una manera que garantiza el debido proceso para los acusados”, añadió. “Los demócratas deberían estar orgullosos de su voto, y creo que es de eso de lo que deberían hablar en casa, no de la retórica del miedo”.
La fianza es una herramienta legal utilizada en todo el país para incentivar a las personas acusadas de un delito a comparecer ante el tribunal. Los acusados pueden pagar la fianza completa, que es reembolsable si asisten a todas las audiencias, o pueden pagar un depósito parcial no reembolsable a una compañía de fianzas que adelanta el monto total. Quienes no pueden pagar el depósito o la fianza a menudo permanecen detenidos durante semanas o meses, aunque las fianzas no estén diseñadas como una forma de castigo.
La SJR 1 habría requerido que los jueces negaran automáticamente la libertad bajo fianza y detuvieran a cualquier persona “que no se encuentre legalmente presente en este país” que fuera acusada de ciertos delitos electorales, delitos de tráfico de drogas y los delitos violentos más graves, incluidos asesinato, agresión sexual, trata de personas y robo agravado.
La legislación definió como persona “no legalmente presente” a cualquier migrante que no ingresa a Estados Unidos por un puerto de entrada o que permanece en el país más tiempo del permitido por su visa u otro estatus de protección. Consideró que los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes legales y quienes obtuvieron asilo, refugio o libertad condicional militar estaban “legalmente presentes”.
El miércoles, en un último intento por conseguir más votos demócratas, Smithee presentó una enmienda a la resolución para considerar también como residentes legales a los titulares de estatus T y U —víctimas de trata de personas y otros delitos— y a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). La enmienda también eliminó el término “extranjero ilegal” de la resolución. Fue aprobada por 93 votos a favor y 30 en contra.
Todos los demás no ciudadanos habrían estado sujetos a detención automática si un juez hubiera encontrado causa probable de que cometieron uno de los delitos enumerados.
Los republicanos dijeron que la legislación salvaría vidas al mantener encerrados a los acusados peligrosos.
“Los liberan, y terminan siendo las personas más peligrosas que tenemos”, dijo Smithee la semana pasada, evocando el asesinato de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años de Houston cuyo caso se convirtió en tema de debate nacional del Partido Republicano cuando se descubrió que los dos hombres acusados de su asesinato habían entrado ilegalmente a Estados Unidos desde Venezuela. (Estaban en libertad bajo custodia federal, no bajo fianza, en el momento del crimen).
“Sabemos que lo que estamos haciendo ahora no está funcionando”, dijo. “La tragedia humana que ha ocurrido debido a este debate en la facultad de derecho sobre los derechos… ¿qué pasa con los derechos de estas víctimas? ¿Qué hay de Jocelyn Nungaray? ¿Cuáles eran sus derechos?”
La representante Janie López , republicana de San Benito y profesional de la salud mental, instó a la Cámara a adoptar la resolución por el bien de las víctimas de delitos.
“El trauma no termina cuando se comete el delito. Resurge una y otra vez, especialmente cuando su abusador queda libre mientras espera el juicio”, dijo el miércoles. “Las víctimas viven en un estado constante de miedo, sin sanar, sin recuperarse, sobreviviendo, apenas”.
Los demócratas que se oponen a la SJR 1 argumentaron que esta violaría inconstitucionalmente el derecho a la igualdad de protección de los acusados inmigrantes y socavaría el debido proceso al impedir que los jueces realicen análisis individualizados de cada caso. Argumentaron además que los magistrados responsables de la fianza carecen de la capacitación y los recursos necesarios para determinar el estatus migratorio de los acusados.
“La SJR 1 es inconstitucional y ataca injustamente a la comunidad inmigrante”, dijo Wu en una breve entrevista la semana pasada.
La representante Erin Gámez , demócrata por Brownsville, añadió en una entrevista la semana pasada que la propuesta constituiría “un mandato sin fondos para nuestras cárceles, ya de por sí sobrepobladas . Las comunidades fronterizas, que están sufriendo las consecuencias, no reciben ninguna compensación adicional para afrontar esta carga de la que el resto del estado solo habla y no ve”.
La adopción de la SJR 5, argumentaron algunos, hacía innecesaria la SJR 1.
“Si cree que alguien corre el riesgo de fugarse, no hay problema”, declaró la representante Ann Johnson , demócrata por Houston, al Tribune la semana pasada, enfatizando que la SJR 5 ya exigiría a los jueces denegar la libertad bajo fianza a los acusados de los delitos más violentos y que puedan representar un riesgo de fuga o seguridad. “Pero no se debe tomar esa decisión basándose únicamente en el estatus migratorio de una persona”.
Moody agregó que, funcionalmente, cualquier persona que hubiera estado sujeta a la SJR 1 ya estaría detenida por la SJR 5 o por una orden de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los migrantes indocumentados acusados de un delito y sujetos a una orden de detención del ICE deben permanecer detenidos 48 horas adicionales para que puedan ser transferidos a custodia federal.
“Nuestro sistema se ocupa tanto de personas peligrosas de las que necesitamos protección como de quienes simplemente cometieron un error y, desafortunadamente, de quienes son acusados falsamente”, declaró Moody el miércoles. “El equilibrio que logramos con la fianza permitirá tratar a cada uno de ellos adecuadamente en lugar de encarcelarlos a todos a la vez. Esta es una gran victoria para todas las comunidades de Texas”.
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