LA JUNTA DE PUB VOTA PARA SUSPENDER BRUCIAK 60 DÍAS… CON PAGO.



Juan Montoya.

Por voto unánime, los miembros de la Junta de Servicios Públicos de Brownsville en la reunión especial del lunes votaron para suspender al director ejecutivo y gerente general John Buciak por 60 días con goce de sueldo en espera de una investigación “interna” sobre la auditoría forense que lo implicó a él y al exalcalde de la ciudad de Brownsville. Tony Martinez de mentir deliberadamente a la comisión y a la junta de PUB para continuar imponiendo aumentos en las tarifas de servicios públicos años después de que se abandonara un plan para construir una planta eléctrica

Bruciak continuará cobrando su salario de casi $350,000 prorrateados durante los próximos dos meses a medida que las facturas de servicios públicos se dupliquen o tripliquen para los contribuyentes del PUB, muchos de los cuales ahora están haciendo arreglos para pagar o enfrentar desconexiones.
La junta votó generosamente para suspender las desconexiones por falta de pago hasta febrero, cuando se deberá pagar la factura completa. No se habló de devolver el dinero a los contribuyentes del PUB.

El alijo de $ 125 millones en efectivo que los contribuyentes de PUB entregaron a Tenaska Plot en forma de aumentos del 42 por ciento en las tarifas de servicios públicos ha desaparecido, y solo quedan $ 29 millon.

Bruciak y Martínez sabían ya en 2015 que Tenaska no podía cumplir con sus obligaciones de vender 600 MW de los 800 MW de electricidad proyectados y para 2017 recibieron la rescisión unilateral de Tenaska de su participación en el proyecto, pero decidieron no informar a algunos miembros de la junta de PUB. o la comisión de la ciudad estuvo hasta 2020 para continuar con las tasas artificialmente altas.

Junto con la colocación de Bruciak en una licencia administrativa paga de 60 días, la junta le está dando ese tiempo para poder refutar cualquiera de las acusaciones hechas contra él o BPUB en la auditoría forense.

La medida no cayó bien con algunos presentes en la reunión.

“Eso es robo por engaño de un servidor público”, dijo a un periodista el propietario de una pequeña empresa de Brownsville, Ezequiel Silva. “Ahora esas personas deberían ser acusadas penalmente porque intencionalmente y a sabiendas engañaron al público para obtener ganancias monetarias”.

Silva dijo que, como dueño de un negocio, está sujeto a un estándar legal más alto cuando se trata de manejar dinero y quiere que se aplique lo mismo a Brucaik y a los demás involucrados.

Kayla Taboada, cliente de BPUB, le dijo a una emisora ​​local que los hallazgos del informe, si se determina que son ciertos, reflejan un patrón de desprecio por la confianza pública dentro de la comunidad.

“Es muy triste porque ellos también son parte del pueblo, sus familiares son sus vecinos”, dijo Taboada. “Terminaron. Se mudarán a otra ciudad, estado y harán lo mismo, y, ya sabes, porque son estafadores, eso es lo que es, y es muy triste”.

La junta nombró a Jaime Estrada, quien ha estado en BPUB por más de 20 años, como director ejecutivo interino.
La comisión de la ciudad de Brownsville se reunirá para discutir la auditoría en su propia sesión cerrada durante su reunión del martes.

Bruciak, que vive en South Padre Island, ahora se quedará en su casa de playa de SPI a expensas de los contribuyentes que él y Martínez estafaron y engañaron. Y no perderá ninguna parte de su salario de $350,000 y su paquete de beneficios mientras descansa en la terraza con vista al Golfo de México.

¿Investigación interna? ¿En serio?

Si, hasta ahora, los auditores internos de PUB en los últimos 10 años no habían dicho nada sobre el tren de salsa de Tenaska que llenó los bolsillos de las firmas legales y de ingeniería, ¿qué hace que la acólita y presidenta de Martínez, Sandra Sáenz, y el resto de la junta directiva piensen que lo harán? ¿Es ahora?

Pero durante los próximos dos meses, Bruciak puede recostarse y escuchar el oleaje mientras numerosos hogares en Brownsville enfrentan desconexiones debido a facturas que se han duplicado y triplicado, y tendrán que pagar las facturas de servicios acumuladas a pesar de la moratoria de desconexión que terminará en febrero.

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