La Fiscalía de Nueva York ha presentado este jueves una denuncia contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) por el desvío millonario de fondos y ha pedido su disolución. La organización ha sido históricamente influyente en la política de Estados Unidos, desde su fundación en 1871, argumentando en favor de la posesión de armas entre los estadounidenses, un derecho reconocido por la Segunda Enmienda de la Constitución, y ha mantenido en las últimas décadas un agresivo cabildeo en Washington para evitar su prohibición.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, ha explicado que en los últimos tres años los líderes de la organización se han enriquecido a costa de los fondos entregados por sus miembros y les ha acusado de “violar numerosas leyes estatales y federales”. La investigación, que comenzó en febrero de 2019, estima que los desvíos suman unos 64 millones de dólares (54 millones de euros) y apunta a los cuatro principales cargos de la NRA. “La influencia ha sido tan poderosa que la organización no fue controlada durante décadas, mientras que los altos ejecutivos canalizaron millones de dólares a sus propios bolsillos”, ha dicho James en una conferencia de prensa.
La denuncia ha sido presentada en Nueva York debido a que la NRA está registrada como una organización caritativa sin fines de lucro en ese Estado. La fiscal ha señalado que las actividades del grupo no coinciden con ese tipo de registro y que durante años han entregado informes falsos en sus declaraciones fiscales. “Han impedido que nuestra nación tome medidas contra la violencia armada, y han estado abusando de su poder, bajo una falsa apariencia”, añadió.
La Fiscalía apunta directamente al director ejecutivo, Wayne LaPierre, por organizar viajes —en al menos ocho ocasiones— con su familia a las Bahamas en vuelos privados y con caras comidas con fondos de la organización. LaPierre también habría recibido regalos de gran valor de parte de algunos miembros del grupo, como un safari por África y viajes en lujosos yates, según la investigación. El líder de la organización, que la ha encabezado durante 30 años, se adjudicó una cantidad de 17 millones de dólares (14 millones de euros) para su jubilación, sin la autorización del Consejo de Administración de la NRA. La denuncia también señala a los directivos Wilson Woody Phillips, Joshua Powell y John Fraze, encargados de las finanzas, por “saquear” a la organización e incentivar una cultura de la opacidad en las finanzas entre sus miembros.
La organización ya se encontraba en una situación financiera precaria, según habían explicado sus dirigentes en abril pasado, por los supuestos gastos en asuntos legales que la NRA ha enfrentado recientemente. La denuncia de la Fiscalía señala que los directivos también daban contratos a sus allegados que incluían cláusulas de privacidad para evitar la difusión de información financiera fuera de su círculo más cercano. James ha pedido al Tribunal que impida que cualquiera de los cuatro directivos acusados encabece una organización sin fines de lucro en Nueva York.
La NRA ha negado a Reuters las acusaciones en su contra y ha asegurado que la denuncia de parte de la fiscal James es “un ataque premeditado y sin bases contra la organización y contra el derecho de los estadounidenses para portar armas”. El presidente Donald Trump ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter repudiando la investigación de la Fiscalía: “Así como la izquierda radical de Nueva York quiere destruir la NRA, si Biden es presidente la Segunda Enmienda no tendrá una oportunidad. Les quitarán sus armas inmediatamente y sin aviso”.
Afines al presidente estadounidense, los casi cuatro millones de miembros de la NRA representaron un importante respaldo para el republicano en las elecciones en 2016 y aportaron generosas donaciones para su campaña. Sin embargo, en 2020, han mantenido un perfil bajo durante los primeros meses de la campaña de las presidenciales de noviembre. La fiscal James se refirió al grupo como una “organización terrorista” durante su campaña para encabezar la Fiscalía en 2018, en la que prometió que la investigaría. “Ninguna organización, por encima de la ley”, dijo este jueves al hacer el anuncio.
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