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Durante los seis años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la extorsión se convirtió en un delito más lucrativo y violento, afectando a millones de personas y dañando a la economía.
Según datos oficiales, entre diciembre de 2022 y junio de 2024, se abrieron 51 mil 903 carpetas de investigación por denuncias de extorsión. En ese periodo, el número de víctimas superó los 8 millones, con una cifra negra del 97%, mientras que el costo monetario fue de más de 5 mil millones de pesos.
La evolución de la extorsión llevó a un aumento en la violencia y el control de la economía de comunidades y hasta de los servicios educativos, mientras los gobiernos de todos los niveles han disminuido la atención al problema.
Ejemplos de esto son los casos de escuelas primarias en Tabasco y Veracruz, donde los delincuentes exigieron a los padres de familia pagar 20 mil pesos por cada niño para no hacerles daño, o los ataques de grupos armados contra establecimientos comerciales en esas mismas entidades por no pagar derecho de piso.
En Guerrero, grupos criminales aparecieron en videos golpeando a conductores del transporte público como advertencia de que si no pagan extorsiones, les quitarían protección.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en México (AmCham México) advirtió en un estudio presentado en marzo que el 45% de sus afiliados fue víctima de extorsión. El 12% de sus productos en todo el país fue tomado bajo control del crimen organizado.
En Michoacán y Zacatecas, los productores de aguacate y limón denunciaron constantemente el cobro de derecho de piso, lo mismo que los comerciantes de tortillas y bebidas de todo tipo.
Quienes han denunciado públicamente la extorsión han enfrentado graves consecuencias, llegando incluso a ser asesinados. Tal es el caso de 17 empresarios en lo que va de 2024, como el presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Tamaulipas, Julio Almanza Armas, y la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Minerva Pérez Castro en Ensenada, Baja California.
En Arandas, Jalisco, Oswaldo García González desapareció en marzo de 2023 y en Puebla, el 27 de abril, fue asesinado Mario Olvera.
Aumento constante
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en diciembre de 2018, cuando empezó el gobierno de López Obrador, se abrieron 558 carpetas de investigación por extorsión, desde entonces, el número ha ido en aumento a ocho mil 734 en 2019, siete mil 960 en 2020, ocho mil 828 en 2021, 10 mil 343 en 2022, 10 mil 337 en 2023, y cinco mil 143 entre enero y junio de este año.
Helga Jáuregui Ballesteros, experta en datos de Impunidad Cero, destaca que la extorsión se ha convertido en uno de los tres delitos con mayor incidencia, sólo después del fraude y el robo.
“La tasa se incrementa a siete carpetas por cada 100 mil habitantes en 2019, lo que representa un aumento de 40%, y en 2022 y 2023 alcanza su valor máximo, llegando a ocho carpetas por cada 100 mil habitantes”, explicó.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirmó que durante cinco años consecutivos (2018-2022) el 97% de las víctimas de extorsión no denunció debido a temor o falta de confianza en el sistema policial y judicial. Además, se cometieron 4.3 millones de extorsiones en 2021 y 4.7 millones en 2022, con pérdidas por más de 2 mil 155 millones de pesos en 2021 y de 3 mil 339 millones en 2022.
Daniela Osorio, de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), asegura que el delito de extorsión creció tanto que pasó al segundo lugar en 2022, solo superado por el fraude. “Es interesante que para un delito tan frecuente pareciera que no tenemos una política específica para lograr su disminución, registro y denuncia”.
Ambas expertas coinciden en que las cifras no son manipuladas, pero advierten falta de información para identificar los diferentes tipos de extorsión, lo que limita la creación de políticas efectivas para contrarrestar el delito.
Delito que fulmina negocios
Armando Zúñiga Salinas, empresario en el ramo de seguridad, explicó en entrevista que desde 2018 varios de sus colegas buscaron al gobierno de López Obrador para trabajar en una nueva ley nacional contra la extorsión, incluso en la Cámara de Diputados trabajaron una iniciativa, pero la medida se congeló sin explicación.
“Desafortunadamente no pudo avanzar por los tiempos legislativos, no sabemos por qué, pero no se le dio la importancia”, dijo Zúñiga, también expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México. Advirtió que las grandes empresas tienen la capacidad de invertir en seguridad, pero para los pequeños negocios no es rentable, lo que ha llevado al cierre de micro y medianas empresas.
Por su parte, Cuauhtémoc Rivera, líder nacional de Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), recordó que se pidió atender las constantes denuncias de este delito, pero no se procuró, y ahora, de un millón 200 mil comercios en todo el país, el 15% tuvo que cerrar o cambiarse de ciudad por el cobro de piso. “Son 300 mil los que han padecido algún tipo de extorsión”, dijo.
Rivera explicó cómo la extorsión ha provocado un aumento en los precios de diversas mercancías al estar perpetrándose en toda la cadena de producción, desde el pago para no ser asaltados hasta el pago de piso por operar un negocio.
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