El embate del Gobierno interino de Bolivia contra el expresidente Evo Moralesha pasado de las acusaciones por terrorismo y sedición a otras sobre su vida sexual. Desde hace dos semanas, las fotografías, mensajes de texto y hasta los boletos de avión que una adolescente de 19 años, Noemí M., supuestamente utilizó para visitar a Morales tanto en México como en Argentina –donde el expresidente permanece exiliado– circulan por los medios de comunicación del país. El jueves, después de que prácticamente toda Bolivia había visto el rostro de la joven, el Gobierno de Jeanine Áñezpresentó una demanda contra el expresidente por estupro, abuso sexual y trata de personas.
La demanda asegura que la relación comenzó un número no determinado de años antes, cuando ella era menor de edad. La adolescente se ha convertido en una víctima colateral del ataque político y judicial contra el exmandatario. El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, había adelantado que presentaría más demandas contra el expresidente por hechos similares. Este lunes, el Gobierno interino anunció la presentación de una nueva denuncia de estupro contra Morales por una supuesta relación que tuvo en 2015 con una joven de 15 años que presuntamente se quedó embarazada y tuvo una hija del exmandatario.
Después de días con el rostro de Noemí en los medios de comunicación del país, el jueves se filtró a la prensa el documento de una declaración de la joven ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, el brazo investigativo de la policía boliviana, en la que admite estar en una relación con Morales, de 60 años, desde el 24 de mayo de 2020, cuando ella ya era mayor de edad. La acusación sostiene que las fotografías de la adolescente con el exmandatario indican que la relación comenzó tiempo antes de lo declarado por ella.
Según la información oficial, la joven fue detenida junto a su hermana mayor y otra persona con su mismo apellido el 12 de julio, cuando iban en un vehículo de la gobernación de Cochabamba, que es controlada por el partido de Morales. Este vehículo, dicen las autoridades, se le había otorgado a la familia de Noemí dos años atrás. El Gobierno señala que el arresto se produjo cuando los investigadores buscaban a la hermana de la adolescente, Gladys, con relación a otro caso abierto contra Morales por haber organizado vía telefónica los bloqueos de carretera en noviembre pasado. Gladys era buscada por estar entre los contactos de un dirigente campesino que supuestamente coordinó con Morales esa protesta. En su teléfono móvil, se afirma, estaban las fotos de Noemí con Morales. Al verlas, la Policía interrogó a esta y obtuvo la declaración firmada de que era novia del expresidente después de haberse convertido en mayor de edad, aunque su amistad se remontaba a 2015, cuando ella tenía 14 años.
Las fechas dadas por las autoridades han sido puestas en duda. Entre los contenidos de la investigación que se hicieron públicos aparece un registro de las llamadas de Noemí a un teléfono identificado como el de Evo Morales. Este registro tiene la fecha del 8 de julio, esto es, cuatro días antes de cuando se afirma oficialmente que se produjo la detención de las hermanas. Además, Noemí escribe a este teléfono “Estamos detenidas” todavía antes, el 6 de julio. En los registros, la persona del teléfono atribuido a Morales nunca responde por escrito, pero llama insistentemente sin obtener respuesta.
Luego de estos hechos, la hermana mayor fue enviada a la cárcel de La Paz y Noemí puesta en detención domiciliaria, de donde escapó para huir con sus padres a Argentina. En este momento, el Gobierno investiga a un militar que fue parte de la seguridad del exmandatario por haberla ayudado a huir. En una carta a la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Noemí pidió este viernes ayuda por estar “en una situación muy delicada psicológica y emocionalmente”. Asegura que la detención ocurrió en su propia casa, que la policía la tuvo dos días sin comer y que la obligaron con insultos y amenazas a afirmar que Evo Morales era su novio. “Un periodista con acento extranjero amenazó con publicar un material que le dio la policía, fotografías y conversaciones que supuestamente habrían encontrado en mi celular pero mi celular lo tiene la policía”, escribe. El Gobierno ha negado que se haya presionado a Noemí, pero no ha explicado cómo se han filtrado los contenidos de la investigación.
La oficina de prensa de Evo Morales en Buenos Aires, donde reside tras haberse refugiado en México en noviembre del año pasado, respondió a los pedidos de los periodistas con un comunicado de una sola oración: “El expresidente Evo Morales no opinará sobre la guerra sucia del Gobierno de facto creada con fines electorales”. El sábado, el exmandatario rompió su silencio en una entrevista a la radio Kawsachun Coca diciendo que no compartía “el uso de compañeras en cuestiones políticas”. El escándalo se produce a dos meses de la fecha de los comicios, postergados en tres ocasiones en medio de la pandemia y en un país que lleva casi un año sumido en una profunda crisis, con acusaciones de varias organizaciones internacionales sobre vulneraciones a derechos humanos y manifestaciones populares frecuentes.
Las acusaciones legales contra Morales también están en debate. El abogado Luis Vásquez salió a la prensa a aclarar que la acusación por estupro (relación consentida de un adulto con un adolescente de entre 14 y 18 años), que se castiga con entre tres y seis años de prisión, solo procede cuando la presenta la víctima o sus padres, por lo que el Gobierno está actuando erradamente. Por su parte, el abogado Gustavo Camacho Pérez le dijo a este periódico que la denuncia presentada por el Gobierno de Áñez es poco técnica y que carece de un elemento fundamental. “No la están conduciendo correctamente. Con las pruebas que tienen no pueden llevar a cabo un proceso serio, por el simple hecho de que el Código Penal Procesal obliga a que haya una instancia de parte, es decir, que la víctima debe actuar positivamente en la persecución penal”. El Ministerio de Justicia ha añadido los cargos de “abuso sexual” y “trata de personas”, que elevan la sanción posible a 15 años de prisión. La pertinencia de estos cargos también está siendo discutida por los juristas bolivianos.
La filtración del casoLa mayor parte de las filtraciones fueron publicadas por un portal español y rápidamente todos los medios de comunicación del país andino se hicieron eco de los contenidos íntimos de la joven sin resguardar su identidad. Las filtraciones de imágenes y vídeos por parte de la policía preocupan a María Galindo, prominente activista feminista, porque vulneran los protocolos de atención a las víctimas de violencia machista y el derecho a preservar la identidad de los menores. “Tenemos que tener en claro que a la cabeza de la policía se encuentra el ministerio de Gobierno [Interior]”, afirma. “Esta es una cuestión construida desde ahí. Eso no quiere decir que este delito no existe, sino que la filtración llega directamente desde el ministerio. Y eso es un delito, porque esos expedientes, en España como en Bolivia, deben cuidarse para proteger la identidad de la víctima”.
“La situación se ha convertido en un botín electoral. Estamos viendo el proceso de destrucción de la vida de una joven por el simple hecho de que sirve para destruir a Evo Morales“, dice Galindo. Sin embargo, también cree que los precedentes del expresidente ofrecen un trasfondo para pensar que en la denuncia hay elementos ciertos: “Hay filmaciones de discursos de Morales en los que afirma su gusto por las menores, en contextos como los cabildos populares en los que siempre actuó con total impunidad y cinismo”.
Esta no es la primera vez que Evo Morales se ve envuelto en un escándalo concerniente a su vida personal. Sus dos hijos, nacidos de madres distintas en 1994 y 1995, tuvieron una larga lucha para que el expresidente reconociese su paternidad. Además, las bromas sobre su vida sexual fueron una constante durante sus 14 años en el poder y le valieron fuertes críticas de organizaciones feministas. En una ocasión llegó a decir en una entrevista que, una vez que acabara su gestión pública, quería retirarse con su cato (plantación de coca), su quinceañera y su charango.
Su primera derrota electoral como presidente, la del referéndum de 2016 en el que buscaba la reelección, también estuvo relacionada con una de esas polémicas, después de que se revelara su relación con Gabriela Zapata, una joven que llegó a ser gerente comercial en Bolivia de una empresa china que logró varios contratos de obras públicas en el país. La mujer, que actualmente cumple una condena por enriquecimiento ilícito, fue novia de Morales a sus 19 años, según confesó el propio expresidente. Sus críticos entonces también adujeron que la relación había comenzado tres años antes, cuando ella era menor de edad.
El abogado Gustavo Camacho Pérez, doctor en Derecho Penal y Constitucional, cree que hacer un análisis sobre Evo Morales como posible autor del delito del que se le acusa ahora sería irresponsable sin conocer los pormenores. Pero cree que hay elementos que sugieren el “contexto de una posible seducción”. “El poder social, el poder político y económico y la fama seguro tienen efectos sobre la víctima”, afirma. “Un jefe de Estado llama la atención de toda persona, niños, jóvenes y adultos. Evo Morales, sin duda, es un personaje público y esto ya es un elemento para considerar en la relación de poder entre el autor y la víctima”.
Para Galindo, este caso no ha producido una indignación, sino una burla machista sobre la vida de una joven. “Somos una sociedad que celebra la sexualidad en el marco de la fiesta, del alcohol, pero al mismo tiempo niega, reprime y censura la sexualidad de las mujeres. Este país, más allá de ser absolutamente conservador, es tremendamente hipócrita. Y la vergüenza debe cambiar de bando”, lamenta.
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