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La Corte Suprema de Arizona dictaminó que una propuesta que permitiría a la policía local realizar arrestos cerca de la frontera del estado con México aparecerá en la boleta electoral de noviembre para que los votantes decidan.
Esto constituye el mayor impulso para involucrar a las autoridades locales en la aplicación de las leyes de inmigración desde la histórica ley estatal de 2010 que requería que la policía cuestionara el estatus migratorio de las personas en ciertas situaciones.
El tribunal rechazó el martes por la tarde una impugnación de grupos latinos que argumentaban que la medida de votación había violado una regla de la constitución estatal que dice que la propuesta legislativa debe cubrir un solo tema. En una orden de la jueza presidente Ann A. Scott Timmer, el tribunal más alto del estado concluyó que la medida satisface la regla del tema único.
Si los votantes la aprueban, la propuesta, conocida como Proposición 314, convertiría en un delito estatal que las personas crucen la frontera entre Arizona y México por cualquier lugar excepto un puerto de entrada, daría a los agentes del orden estatales y locales el poder de arrestar a los infractores y permitiría a los jueces estatales ordenar a las personas que regresen a sus países de origen.
También convertiría en un delito grave punible con hasta 10 años de prisión la venta de fentanilo que provoque la muerte de una persona y requeriría que algunas agencias gubernamentales utilicen una base de datos federal para verificar la elegibilidad de un no ciudadano para recibir beneficios.
Los opositores habían argumentado que la propuesta abordaba temas no relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración, la crisis del fentanilo y la regulación de los beneficios públicos. Un tribunal inferior había rechazado previamente esos argumentos.
Aunque la ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de inmigrantes a Estados Unidos, los defensores de la medida dicen que es necesaria porque el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para impedir que la gente cruce ilegalmente la porosa frontera de Arizona con México. También dijeron que algunas personas que entran en Arizona sin autorización cometen robo de identidad y se aprovechan de los beneficios públicos. Los opositores dicen que la propuesta conduciría a la discriminación racial, dañaría la reputación de Arizona en el mundo empresarial y acarrearía enormes costos no financiados para los departamentos de policía que normalmente no hacen cumplir la ley de inmigración.
A principios de junio, la Legislatura controlada por los republicanos votó para poner la medida en la boleta electoral, pasando por alto a la gobernadora demócrata Katie Hobbs, quien había vetado una medida similar a principios de marzo y había denunciado el esfuerzo de llevar el tema a los votantes.
La medida será sometida a votación en un estado que se espera que desempeñe un papel crucial a la hora de determinar qué partido controla la Casa Blanca y el Senado de Estados Unidos. Los republicanos esperan que centre la atención en la frontera y diluya los beneficios políticos que los demócratas buscan de una iniciativa sobre el derecho al aborto.
Esta no es la primera vez que los legisladores republicanos en Arizona intentan criminalizar la migración.
Al aprobar su proyecto de ley de inmigración de 2010, la Legislatura de Arizona consideró ampliar la ley de intrusión ilegal del estado para penalizar la presencia de inmigrantes e imponer sanciones penales. Pero el lenguaje de la ley de intrusión ilegal fue eliminado y reemplazado por un requisito de que los oficiales, al hacer cumplir otras leyes, pregunten el estatus migratorio de las personas si se cree que están en el país ilegalmente.
El requisito del interrogatorio fue finalmente confirmado por la Corte Suprema de Estados Unidos a pesar de las preocupaciones de los críticos sobre perfiles raciales, pero los tribunales prohibieron la aplicación de otras secciones de la ley.
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