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La Corte Suprema se negó el jueves a revivir partes de una ley de Arizona respaldada por los republicanos que podría haber impedido a miles de votantes emitir su voto en las elecciones presidenciales de noviembre o votar por correo, pero permitió que otros requisitos controvertidos de esa ley entraran en vigor.
La Corte Suprema dejó en vigor un fallo de un tribunal inferior que prohibía la aplicación de la ley que requería que los votantes documentaran su ciudadanía estadounidense para votar en las elecciones presidenciales de este año, pero permitió al estado aplicar un requisito de que los potenciales votantes documentaran su ciudadanía antes de registrarse para votar en las elecciones estatales y locales.
En otras palabras, en una victoria parcial para los republicanos, se requerirá prueba de ciudadanía para los nuevos votantes que utilicen un formulario de registro de votantes estatal.
Arizona es un estado clave en las elecciones presidenciales de este año. Joe Biden ganó en el estado por poco más de 10.000 votos en 2020. Donald Trump lo ganó en 2016.
Es probable que este caso sea el primero de muchos litigios relacionados con las elecciones que la Corte Suprema deberá resolver de manera urgente este año. El Comité Nacional Republicano, junto con los legisladores republicanos estatales que apoyaron la ley, había pedido a la Corte Suprema que interviniera en el conflicto sobre las reglas electorales en el estado en un caso que elevaba el voto de los no ciudadanos, un tema que los republicanos han tratado de poner al frente y al centro de la campaña de este año.
La Corte Suprema dictó sentencia en un breve lapso y sin explicaciones, lo cual es habitual en las apelaciones de emergencia .
Tres jueces conservadores —los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch— dijeron que habrían permitido que entraran en vigor más requisitos de prueba de ciudadanía del estado, impidiendo que los votantes actualmente registrados emitan su voto presidencial. Otros cuatro —los jueces liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson y la jueza conservadora Amy Coney Barrett— habrían mantenido en suspenso todas las disposiciones impugnadas de la ley.
Los residentes de Arizona pueden inscribirse para votar con un formulario estatal o federal. Con el sistema anterior, los residentes que utilizaban cualquiera de los dos formularios podían votar solo en las elecciones federales si se negaban a presentar prueba de ciudadanía o no la habían presentado ya ante la división de vehículos motorizados del estado.
Pero en 2022, en respuesta a las afirmaciones falsas de que el voto generalizado de los inmigrantes afectaba el resultado de las elecciones, los legisladores estatales promulgaron varios requisitos nuevos. Las nuevas leyes prohibían a los votantes que no hubieran presentado prueba de ciudadanía emitir un voto presidencial o votar por correo, independientemente del formulario que utilizaran. De ahí en adelante, prohibieron a los funcionarios electorales aceptar cualquier formulario de registro de votantes estatal a menos que se presentara esa documentación.
El año pasado, un juez de distrito de Estados Unidos bloqueó algunos requisitos de la ley. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos se negó a revocar esa decisión este mes.
El principal funcionario electoral de Arizona, el secretario de Estado demócrata Adrian Fontes, advirtió que revivir los requisitos a medida que se acercan las elecciones de noviembre confundiría a los votantes y crearía “dificultades excesivas” para él y los administradores electorales del condado.
La ley de 2022 había sido impugnada por grupos tribales y de derechos civiles, así como por la administración Biden. El Comité Nacional Demócrata y el Partido Demócrata estatal se unieron a los grupos para argumentar que las disposiciones en cuestión deberían congelarse para las elecciones de 2024.
Los demócratas argumentaron que si la Corte Suprema restableciera los requisitos, privaría del derecho al voto a los votantes que no tuvieran acceso a los documentos, incluso en casos en los que los votantes ya hubieran documentado su ciudadanía con otras agencias estatales. Los votantes de mayor edad a menudo carecen de acceso a documentos como los certificados de nacimiento que probarían su ciudadanía, dijeron. Los críticos de la ley también dijeron que afectaría desproporcionadamente a los nativos americanos.
Los demócratas argumentaron que impedir que los arizonenses que ya habían votado por el presidente en las primarias emitieran su voto en las elecciones generales sembraría “caos y confusión”, y habían pedido a la Corte Suprema que se basara en una doctrina legal conocida como el principio Purcell, que los jueces a veces invocan para mantenerse al margen de las demandas electorales de último momento. Pero la Corte no mencionó esa doctrina en su breve resolución.
“Lo que es especialmente sorprendente sobre el fallo es la ausencia de cualquier referencia a Purcell, la doctrina en la que los jueces generalmente se basan para justificar mantener a los tribunales federales fuera de disputas electorales polémicas a medida que se acercan las elecciones”, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.
“A la Corte le gusta insistir en limitar la confusión cuando se trata de este tipo de fallos, y sin embargo, aquí tenemos tres formaciones diferentes votando por tres resultados diferentes. Como mínimo, eso solo reforzará las críticas de que los jueces invocan a Purcell de manera selectiva”.
En 2013, la Corte Suprema limitó los casos en que los estados pueden exigir una prueba de ciudadanía a las personas que se inscribieron utilizando el formulario federal. El alto tribunal concluyó entonces que, en virtud de la Ley Nacional de Registro de Votantes, los estados no podían impedir que los votantes que carecieran de esos documentos emitieran su voto en las elecciones federales siempre que el formulario federal no incluyera el mandato.
Pero los republicanos respondieron que el Congreso no tenía la autoridad para establecer las reglas para los sistemas de votación por correo de los estados, ni el Congreso tenía el poder de regular las reglas de registro de votantes de los estados para las elecciones presidenciales.
Arizona puede requerir —y ya lo hace— que los votantes documenten su ciudadanía para votar en las elecciones estatales y locales.
También se discutió en el caso un decreto de consentimiento de 2018 que surgió de una demanda separada. El decreto de consentimiento estableció un sistema de seguridad para las personas que carecían de prueba documental de ciudadanía, un sistema que fue eliminado por la ley de 2022.
Según el decreto, al procesar esos registros de votantes, los funcionarios electorales locales debían consultar la base de datos del DMV del estado para encontrar cualquier registro que confirmara la ciudadanía del individuo. Si existían dichos registros, el individuo estaba completamente registrado. Si no, el individuo no estaba registrado para las elecciones estatales, pero se le permitía votar para un cargo federal.
Según las estadísticas de la Secretaría de Estado de Arizona, a más de 40.000 votantes ya se les ha prohibido votar en las elecciones estatales y locales por falta de documentos que prueben su ciudadanía.
Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.
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