La Opinión.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del gobierno federal en un caso que podría influir en la forma en que las autoridades migratorias tratan a algunos residentes permanentes legales, conocidos como titulares de Green Card, cuando regresan al país tras un viaje al extranjero.
En una decisión de 6 votos contra 3, los magistrados determinaron que los agentes fronterizos no necesitan contar con pruebas “claras y convincentes” de que una persona cometió un delito antes de considerarla como solicitante de admisión al intentar reingresar a Estados Unidos. La decisión revocó un fallo previo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
¿De qué trata el caso?
La decisión gira en torno al caso que involucra a Muk Choi Lau, un ciudadano chino y residente permanente legal desde 2007. En 2012 enfrentó cargos por falsificación de marcas comerciales en Nueva Jersey y, mientras el proceso seguía abierto, viajó a China.
Cuando intentó regresar al país, las autoridades migratorias le permitieron ingresar de manera temporal, pero sin considerarlo formalmente admitido al país. Posteriormente, tras declararse culpable, el gobierno inició un proceso de deportación en su contra.
Lo que decidió la Corte.
La opinión mayoritaria, redactada por el juez Clarence Thomas, concluyó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no exige que los agentes fronterizos tengan evidencia contundente en el momento de la inspección para clasificar a un residente permanente como alguien que busca admisión al país. Según el tribunal, ese estándar probatorio corresponde a etapas posteriores del proceso migratorio.
La Corte también señaló que la legislación permite considerar como solicitante de admisión a un residente permanente que haya cometido determinados delitos, incluso si la condena ocurre después de su reingreso.
El caso regresará ahora a tribunales inferiores para resolver una cuestión pendiente: si el delito cometido por Lau encaja dentro de la categoría de “crimen que implica depravación moral” bajo la legislación migratoria estadounidense.
AP reveló que la jueza Ketanji Brown Jackson no estuvo de acuerdo, y escribió que la decisión de poner a Lau en libertad condicional por motivos de inmigración lo condenó efectivamente a un “limbo migratorio” antes de que hubiera sido condenado por ningún delito.
“Me preocupa que el Tribunal le haya entregado al Gobierno un cheque en blanco de enorme magnitud”, escribió en una opinión disidente a la que se unieron sus dos colegas liberales.
