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El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el viernes a la Corte Suprema que suspenda una orden judicial para reincorporar a los empleados del Departamento de Educación que fueron despedidos en despidos masivos como parte de su plan para desmantelar la agencia.
La apelación de emergencia del Departamento de Justicia ante el tribunal superior dijo que el juez de distrito estadounidense Myong Joun en Boston excedió su autoridad el mes pasado cuando emitió una orden preliminar revirtiendo los despidos de casi 1.400 personas y poniendo en espera el plan más amplio.
La orden de Joun ha bloqueado una de las mayores promesas de campaña del presidente republicano y ha paralizado el esfuerzo por reducir drásticamente el departamento. Un tribunal federal de apelaciones se negó a suspender la orden mientras el gobierno apelaba.
El juez escribió que los despidos “probablemente paralizarán al departamento”.
Pero el Procurador General D. John Sauer escribió el viernes que Joun estaba sustituyendo sus preferencias políticas por las de la administración Trump.
Los despidos ayudan a poner en marcha la “política de racionalizar el departamento y eliminar funciones discrecionales que, en opinión de la administración, es mejor dejar en manos de los estados”, escribió Sauer.
También señaló que en abril la Corte Suprema votó 5-4 para bloquear la orden anterior de Joun que buscaba mantener las subvenciones para la capacitación docente del Departamento de Educación.
El caso actual involucra dos demandas consolidadas que dicen que el plan de Trump equivalía a un cierre ilegal del Departamento de Educación.
Una demanda fue presentada por los distritos escolares de Somerville y Easthampton en Massachusetts, junto con la Federación Americana de Maestros y otros grupos educativos. La otra demanda fue presentada por una coalición de 21 fiscales generales demócratas.
Las demandas argumentaron que los despidos dejaron al departamento incapaz de llevar a cabo las responsabilidades requeridas por el Congreso, incluidos los deberes de apoyar la educación especial, distribuir ayuda financiera y hacer cumplir las leyes de derechos civiles.
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