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El gobierno de Trump pidió el lunes a la Corte Suprema que detenga un fallo que ordena la recontratación de miles de empleados federales despedidos en despidos masivos que buscaban reducir drásticamente el tamaño del gobierno federal.
La apelación de emergencia argumenta que el juez no puede obligar al poder ejecutivo a recontratar a unos 16,000 empleados en período de prueba. El juez, con sede en California, determinó que los despidos no se ajustaron a la ley federal y ordenó que se enviaran ofertas de reincorporación mientras se resuelve la demanda.
La apelación también pide a la corte de mayoría conservadora que controle al creciente número de jueces federales que han frenado la amplia agenda del presidente Donald Trump, al menos por ahora.
“Sólo este Tribunal puede poner fin al robo de poder entre poderes”, afirma la apelación.
El sistema judicial federal del país se ha convertido en la zona cero de la resistencia a Trump, con el Congreso liderado por los republicanos en gran medida apoyándolo o guardándolo en silencio, y los jueces han fallado en contra de la administración de Trump más de tres docenas de veces después de encontrar violaciones de la ley federal.
Los fallos abarcan desde cambios en la ciudadanía por derecho de nacimiento hasta el gasto federal y los derechos de las personas transgénero.
La oleada sin precedentes de órdenes ejecutivas de Trump parece destinada a varias fechas en una Corte Suprema que él ayudó a dar forma con tres personas designadas durante su primer mandato, pero hasta ahora la mayoría de la corte de nueve miembros ha dado pasos relativamente pequeños en dos casos que han llegado hasta ella.
La última orden apelada ante el tribunal superior fue una de dos dictadas el mismo día que encontraron problemas legales separados con la forma en que se llevaron a cabo los despidos de empleados en prueba por parte de la administración republicana.
El juez federal de distrito William Alsup, en San Francisco, dictaminó que los despidos fueron ordenados indebidamente por la Oficina de Administración de Personal y su director interino. Ordenó la recontratación en seis agencias: los departamentos de Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y Tesoro.
Su orden se produjo en una demanda presentada por una coalición de sindicatos y organizaciones sin fines de lucro que argumentaron que se verían afectados por la reducción de personal.
Alsup, quien fue designado por el presidente demócrata Bill Clinton, expresó su frustración por lo que llamó el intento del gobierno de eludir las leyes y regulaciones que rigen una reducción en su fuerza laboral —lo cual está permitido hacer— despidiendo a trabajadores en período de prueba con menos protecciones legales.
Dijo que estaba horrorizado de que a los empleados se les dijera que iban a ser despedidos por bajo rendimiento a pesar de haber recibido evaluaciones excelentes apenas unos meses antes.
Sin embargo, el gobierno federal afirmó que la orden general que exige la recontratación de los empleados excede la autoridad legal del juez. Los demandantes nunca tuvieron legitimación para demandar y no demostraron que la Oficina de Administración de Personal (OPA) dirigiera erróneamente los despidos, argumentó el Departamento de Justicia en apelación.
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