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El Departamento de Seguridad Nacional está advirtiendo a más de 500 “jurisdicciones santuario” en todo el país que el gobierno de Trump las considera como obstruccionistas de la aplicación de la ley migratoria, mientras intenta aumentar la presión sobre las comunidades que cree que obstaculizan la agenda de deportaciones masivas del presidente.
El departamento publicó el jueves una lista de las jurisdicciones y anunció que cada una recibirá una notificación formal si el gobierno las considera incumplidoras y si se cree que infringen alguna ley penal federal. La lista se publicó en el sitio web del departamento.
“Estos políticos de ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas del orden con el fin de proteger a inmigrantes ilegales criminales violentos”, dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem, en un comunicado de prensa.
La administración Trump ha atacado repetidamente a comunidades, estados y jurisdicciones que, según dice, no están haciendo lo suficiente para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su intento de cumplir las promesas de campaña del presidente Donald Trump de expulsar a millones de personas que se encuentran ilegalmente en el país.
La lista se compiló utilizando una serie de factores, incluido si las ciudades o localidades se identificaron a sí mismas como jurisdicciones santuario, en qué medida ya cumplían con las autoridades federales que aplicaban las leyes de inmigración, si tenían restricciones para compartir información con las autoridades de inmigración o si tenían alguna protección legal para las personas que se encontraban ilegalmente en el país, según el departamento.
El 28 de abril, Trump firmó una orden ejecutiva que exige al secretario de Seguridad Nacional y al fiscal general publicar una lista de estados y jurisdicciones locales que, según su criterio, obstruyen las leyes federales de inmigración. Esta lista se actualizará periódicamente.
Los departamentos y agencias federales, en colaboración con la Oficina de Administración y Presupuesto, tendrían entonces la tarea de identificar subvenciones o contratos federales con aquellos estados o jurisdicciones locales que el gobierno federal identificó como “jurisdicciones santuario” y suspender o terminar el dinero, según la orden ejecutiva.
Si se notifica a las “jurisdicciones santuario” y la administración Trump determina que “siguen en desafío”, el fiscal general y el secretario de Seguridad Nacional quedan entonces facultados para buscar cualquier “recurso legal y medidas de cumplimiento” que consideren necesarias para obligarlas a cumplir.
No existe una definición específica ni legal de lo que constituye una “jurisdicción santuario”. El término se utiliza a menudo para referirse a agencias policiales, estados o comunidades que no cooperan con las autoridades migratorias.
ICE hace cumplir las leyes de inmigración en todo el país, pero a menudo busca ayuda estatal y local para alertar a las autoridades federales sobre inmigrantes buscados para deportación y retener a esa persona hasta que los oficiales federales tomen custodia.
Una forma en que la administración busca obtener el apoyo estatal y local es mediante acuerdos 287(g) con las agencias locales del orden público. Estos acuerdos permiten a las agencias locales del orden público asumir algunas responsabilidades de control migratorio y ampliar considerablemente las capacidades del ICE. El número de estos acuerdos se ha disparado en tan solo unos meses bajo la administración Trump.
El ICE cuenta con unos 6,000 agentes del orden —una cifra que se ha mantenido prácticamente igual durante años— capaces de encontrar, arrestar y expulsar a los inmigrantes que tiene en la mira. Al apoyarse en las fuerzas del orden locales, puede aumentar rápidamente el personal disponible para ayudar a implementar la agenda de deportaciones masivas de Trump.
Las comunidades que no cooperan con el ICE suelen afirmar que lo hacen porque así los inmigrantes se sienten más seguros al denunciar si son testigos o víctimas de un delito. Argumentan que la aplicación de la ley migratoria es una tarea federal y que necesitan destinar sus limitados recursos a combatir la delincuencia.
La administración Trump ya ha tomado varias medidas dirigidas a los estados y comunidades que no cooperan con el ICE, y se ha encontrado con resistencia judicial. Una orden ejecutiva emitida por Trump ordena al Fiscal General y al Secretario de Seguridad Nacional retener fondos federales de las jurisdicciones santuario. Otra ordena a las agencias federales garantizar que los pagos a los gobiernos estatales y locales no “instiguen las llamadas políticas santuario que buscan proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportación”.
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