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El gobierno de Trump ha tomado medidas para clasificar a más de 6.000 inmigrantes vivos como muertos, cancelando sus números de Seguro Social y eliminando efectivamente su capacidad de trabajar o recibir beneficios en un esfuerzo por obligarlos a abandonar el país, según dos personas familiarizadas con la situación.
La medida dificultará considerablemente el uso de bancos u otros servicios básicos para quienes se requiera el número de Seguro Social. Forma parte de una iniciativa más amplia del presidente Donald Trump para reprimir a los inmigrantes a quienes se les permitió entrar y permanecer temporalmente en Estados Unidos gracias a los programas implementados por su predecesor, Joe Biden.
La administración Trump está transfiriendo los nombres y números de Seguro Social de los inmigrantes obtenidos legalmente a una base de datos que los funcionarios federales suelen usar para rastrear a los fallecidos, según dos personas familiarizadas con las medidas y sus consecuencias. Hablaron bajo condición de anonimato el jueves por la noche porque los planes aún no se habían detallado públicamente.
Los funcionarios dijeron que despojar a los inmigrantes de sus números de Seguro Social los dejará sin acceso a muchos servicios financieros y los alentará a “autodeportarse” y abandonar Estados Unidos para regresar a sus países de nacimiento.
No quedó claro de inmediato cómo se seleccionó a los más de 6.000 inmigrantes. Sin embargo, la Casa Blanca de Trump ha seleccionado a personas que se encuentran temporalmente en el país bajo los programas de la era Biden, incluyendo a más de 900.000 inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One de esa administración.
El lunes, el Departamento de Seguridad Nacional revocó el estatus legal de los inmigrantes que usaron esa aplicación. Durante la era Biden, generalmente se les permitía permanecer en Estados Unidos durante dos años con autorización de trabajo bajo la autoridad de libertad condicional presidencial, pero ahora se espera que se autodeporten.
Mientras tanto, una jueza federal dijo el jueves que estaba impidiendo que la administración Trump ordenara a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos con estatus legal temporal que abandonaran el país a finales de este mes.
Un representante de la Administración del Seguro Social no respondió a una solicitud de comentarios sobre la noticia de que inmigrantes vivos estaban siendo clasificados como fallecidos. La agencia mantiene la base de datos federal más completa de personas fallecidas, y el archivo contiene más de 142 millones de registros, que se remontan a 1899.
La Ley de Privacidad permite a la Administración del Seguro Social revelar información a las autoridades policiales en circunstancias limitadas, lo que incluye cuando se ha cometido un delito violento u otra actividad delictiva.
El DHS y el Departamento del Tesoro firmaron un acuerdo esta semana que permitiría al IRS compartir los datos fiscales de los inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con el fin de identificar y deportar a personas que se encuentran ilegalmente en los EE. UU. El acuerdo permitirá a ICE enviar nombres y direcciones de inmigrantes dentro de los EE. UU. ilegalmente al IRS para su verificación cruzada con los registros fiscales.
La comisionada interina del IRS, Melanie Krause, que había desempeñado ese cargo desde febrero, dimitió debido a ese acuerdo.
Mientras tanto, en marzo, un juez federal bloqueó temporalmente a un equipo encargado de recortar empleos federales y reducir el tamaño del gobierno, dirigido por el multimillonario Elon Musk, de los sistemas de Seguridad Social que contienen datos personales de millones de estadounidenses, calificando su trabajo allí de “expedición de pesca”.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, un grupo de defensa que ha desafiado varias iniciativas de la administración Trump en los tribunales, dijo que su organización probablemente también demandaría por los números de Seguro Social, una vez que haya más detalles disponibles.
“Este presidente continúa teniendo un comportamiento ilegal, violando la ley y abusando de nuestro sistema de controles y equilibrios”, dijo Perryman.
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