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Kilmar Abrego García, cuya deportación por error se ha convertido en un punto álgido de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, se declaró inocente el viernes de los cargos de tráfico de personas en un tribunal federal de Tennessee.
Esta declaración fue la primera oportunidad que tuvo el trabajador de la construcción de Maryland en un tribunal estadounidense para responder a las acusaciones de la administración Trump en su contra desde que fue deportado por error en marzo a una notoria prisión en El Salvador.
El gobierno republicano devolvió a Abrego García a Estados Unidos la semana pasada para enfrentar cargos penales relacionados con lo que afirmó ser una operación de tráfico de personas que transportaba inmigrantes por todo el país. Los cargos se derivan de una parada de tráfico en Tennessee en 2022, durante la cual Abrego García conducía un vehículo con nueve pasajeros. Sus abogados han calificado las acusaciones de “absurdas”.
La audiencia del viernes también se centrará en si Abrego García debe ser liberado de la cárcel mientras espera su juicio por los cargos de contrabando. Un juez federal escuchará los argumentos de los abogados de Abrego García y de los abogados del gobierno estadounidense.
Antes de que comenzara la audiencia en Nashville, la esposa de Abrego García le dijo a una multitud afuera de una iglesia que el jueves se cumplieron tres meses desde que la administración Trump “secuestró y desapareció a mi esposo y lo separó de nuestra familia”.
Con la voz entrecortada por la emoción, Jennifer Vásquez Sura dijo que vio a su esposo por primera vez el jueves. Dijo: “Kilmar quiere que tengan fe” y pidió a quienes lo apoyan a él y a su familia: “Sigan luchando, y saldré victorioso porque Dios está con nosotros”.
Abrego García es ciudadano salvadoreño y vivió en Estados Unidos durante más de una década antes de ser deportado injustamente por la administración Trump. La expulsión violó una orden de un juez de inmigración estadounidense de 2019 que lo protegía de la deportación a su país natal, ya que probablemente enfrentaba persecución pandillera allí.
Aunque la administración Trump calificó la deportación errónea como un “error administrativo”, las autoridades han seguido justificándola insistiendo en que Abrego García era miembro de la pandilla MS-13. Su esposa y sus abogados han negado las acusaciones, alegando que simplemente es un trabajador de la construcción y un hombre de familia.
Los abogados estadounidenses han solicitado a la magistrada Barbara Holmes que mantenga a Ábrego García en prisión, describiéndolo como un peligro para la comunidad y con riesgo de fuga. Los abogados de Ábrego García discrepan, señalando que ya se encontraba detenido injustamente en una conocida prisión salvadoreña debido a un error del gobierno, y argumentando que el debido proceso y la “justicia básica” exigen su liberación.
Los cargos contra Abrego García son tráfico de personas. Sin embargo, en su solicitud de mantenerlo en prisión, los fiscales federales también lo acusan de tráfico de drogas y armas de fuego, y de abusar de las mujeres que transportaba, entre otras acusaciones, aunque no se le imputan tales delitos.
Los fiscales estadounidenses también acusan a Ábrego García de participar en un asesinato en El Salvador. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones forma parte de los cargos en su contra, y en su comparecencia inicial el 6 de junio, la jueza advirtió a los fiscales que no puede detener a alguien basándose únicamente en acusaciones.
Uno de los abogados de Abrego García calificó la semana pasada las afirmaciones como un intento desesperado de la administración Trump de justificar la deportación errónea tres meses después del hecho.
“No hay manera de que un jurado vea la evidencia y acepte que este trabajador de chapa metálica es el líder de una conspiración internacional de contrabando de la MS-13”, dijo el abogado privado Simon Sandoval-Moshenberg.
En una presentación judicial del miércoles, los defensores públicos de Abrego García argumentaron que el gobierno ni siquiera tiene derecho a una audiencia de detención, y mucho menos a una detención, porque los cargos en su contra no son lo suficientemente graves.
Aunque la pena máxima por tráfico de personas es de 10 años, y Abrego García está acusado de transportar a cientos de personas durante casi una década, sus abogados defensores señalan que no existe una pena mínima. La pena promedio por tráfico de personas en 2024 era de tan solo 15 meses, según documentos judiciales.
La decisión de imputar penalmente a Abrego García provocó la renuncia de Ben Schrader, jefe de la división penal de la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Tennessee. El día de la acusación, Schrader publicó en redes sociales sobre su salida: «Ha sido un privilegio increíble servir como fiscal en el Departamento de Justicia, donde mi única función es hacer lo correcto, de la manera correcta, por las razones correctas».
No se refirió directamente a la acusación y se negó a hacer comentarios al ser contactado por The Associated Press. Sin embargo, una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato por tratarse de un asunto de personal, confirmó la conexión.
Aunque Abrego García reside en Maryland, se le acusa en Tennessee tras una parada de tráfico en mayo de 2022 por exceso de velocidad en el estado. El video del encuentro, grabado por la cámara corporal de la Patrulla de Carreteras de Tennessee y publicado el mes pasado, muestra un intercambio tranquilo entre los agentes y Abrego García. También muestra a los agentes discutiendo sus sospechas de tráfico de personas antes de despedirlo. Uno de los agentes dice: “Está deteniendo a esta gente por dinero”. Otro afirma que Abrego García tenía 1400 dólares en un sobre.
A Abrego García no se le imputaron cargos en la parada de tráfico. Sandoval-Moshenberg, el abogado particular, declaró en un comunicado tras la publicación del video que no vio ninguna evidencia de delito en las imágenes.
Mientras tanto, la demanda por la deportación errónea de Ábrego García no ha terminado. Sus abogados han solicitado a un juez federal en Maryland que imponga multas por desacato a la administración Trump, argumentando que ignoró flagrantemente las órdenes judiciales durante varias semanas para que lo devolvieran. La administración Trump anunció que solicitará al juez que desestime la demanda, argumentando que cumplió con la orden judicial de devolverlo a Estados Unidos.
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Esta historia ha sido corregida para mostrar que la administración Trump dijo que la operación de tráfico de personas transportaba inmigrantes a todo el país, no que traía inmigrantes al país ilegalmente.
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Finley informó desde Norfolk, Virginia.
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