El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó este martes que el nuevo plan de regularización migratoria firmado por Joe Biden permitirá mantener unidas a las familias y que los jóvenes contribuyan a la economía del país “mientras continuamos asegurando la frontera y reduciendo la migración irregular”.
A través de un comunicado, Ken Salazar indicó que con estas medidas implementadas ahora los jóvenes que estaban en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) “podrán obtener una visa de trabajo en dos semanas en vez de esperar seis meses”.
Asimismo, el embajador señaló que la nueva política de Joe Biden también beneficiará a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses donde podrán solicitar un permiso de permanencia temporal en el país, el cual los protegería de la deportación y les brindaría permisos de trabajo si han vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años.
En total, el embajador consideró que con esta medida para las personas casadas con estadounidenses podría beneficiar a 320 mil mexicanos.
De igual forma, la solicitud de permiso de permanencia temporal también la podrán sacar hijos “adoptivos de ciudadanos estadounidenses menores de 21 años con progenitores casados con ciudadanos estadounidenses”.
“Esta determinación sólo aplica a las personas antes mencionadas y que cumplan con estos criterios, por lo que continuaremos aplicando nuestras leyes migratorias y quien ingrese a los Estados Unidos de manera irregular enfrentará las consecuencias”, se lee en el comunicado.
Ken Salazar volvió a pedir a los migrantes que se encuentran en México que “no se dejen engañar por los coyotes, pues la ley se seguirá aplicando con toda determinación”.
Con esta nueva política Biden haría uso de una facultad que no sólo brinda protección contra la deportación y permisos de trabajo, sino que también elimina una barrera legal para permitir que los migrantes que cumplan ciertos requisitos soliciten la residencia permanente y, eventualmente, se naturalicen. Es un poder que ya se ha utilizado para otras categorías de migrantes, como los miembros del ejército o sus familiares que carezcan de estatus legal.
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