La Opinión.
La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Indira Talwani, designada por el gobierno de Barack Obama, frenó oficialmente la orden emitida por la administración Trump que revocaba el estatus legal de más de 500,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresaron a EE. UU. bajo un programa de libertad condicional masiva o Parole Humanitario.
Una jueza ya había adelantado que impediría que el gobierno de Trump ordene a cientos de miles de inmigrantes con estatus legal temporal que abandonen el país a finales de este mes.
El fallo es un revés significativo, aunque quizás temporal, para la administración republicana, que intenta desmantelar las políticas de la era Biden que crearon vías nuevas y ampliadas para que las personas vivan en Estados Unidos, generalmente durante dos años con autorización de trabajo.
Bajo ese concepto, unos 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que lograron ingresar legalmente a Estados Unidos durante el gobierno Biden se enfrentarían la posibilidad de ser detenidos y deportados.
En el marco de sus medidas para combatir la inmigración y blindar las fronteras estadounidenses, el presidente Donald Trump les revocó el parole humanitario a los migrantes de los cuatro países latinoamericanos, con lo cual perderán el derecho a permanecer en el país.
“La necesidad de romper el ‘círculo vicioso’ de la inmigración ilegal sustenta esta decisión”, se lee en el documento del Departamento de Seguridad Nacional.
Según informó el DHS, el programa de parole humanitario será cancelado a partir del 24 de abril de 2025, es decir, 30 días después de que se publicara el aviso correspondiente en el Registro Federal el pasado 25 de marzo.
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