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Un juez federal falló el viernes a favor de denegar la solicitud del gobierno de Trump de poner fin a una política vigente desde hace casi tres décadas destinada a proteger a los niños inmigrantes bajo custodia federal.
La jueza federal de distrito Dolly Gee en Los Ángeles emitió su fallo una semana después de celebrar una audiencia con el gobierno federal y defensores legales que representan a niños inmigrantes bajo custodia.
Gee calificó la audiencia de la semana pasada de “déjà vu” tras recordar al tribunal el intento del gobierno federal de rescindir el Acuerdo de Transacción Flores en 2019, durante la primera administración Trump. Reiteró esta opinión en la orden del viernes.
“No hay nada nuevo bajo el sol en cuanto a los hechos ni a la ley. Por lo tanto, el Tribunal pudo denegar la moción de los demandados basándose únicamente en eso”, escribió Gee, refiriéndose a la apelación del gobierno a una ley que, según creían, impedía al tribunal hacer cumplir el acuerdo.
En el intento más reciente, el gobierno argumentó que hizo cambios sustanciales desde que se formalizó el acuerdo en 1997, creando estándares y políticas que rigen la custodia de los niños inmigrantes que se ajustan a la legislación y al acuerdo.
Gee reconoció que el gobierno implementó algunas mejoras en las condiciones de confinamiento, pero escribió: “Estas mejoras son evidencia directa de que el FSA está cumpliendo su propósito original, pero sugerir que se debería abandonar el acuerdo porque se han logrado algunos avances es absurdo”.
Los abogados que representan al gobierno federal dijeron al tribunal que el acuerdo obstaculiza sus esfuerzos por ampliar el espacio de detención para las familias, a pesar de que el proyecto de ley de impuestos y gastos de Trump proporcionó miles de millones para construir nuevas instalaciones de inmigración.
Tiberius Davis, uno de los abogados del gobierno, afirmó que el proyecto de ley otorga al gobierno la autoridad para mantener a las familias detenidas indefinidamente. “Pero actualmente, según el Acuerdo de Transacción Flores, eso es prácticamente nulo”, declaró la semana pasada.
El acuerdo Flores, llamado así por un demandante adolescente, fue el resultado de más de una década de litigios entre abogados que representan los derechos de los niños migrantes y el gobierno de Estados Unidos por acusaciones generalizadas de malos tratos en la década de 1980.
El acuerdo estableció normas sobre cómo los albergues con licencia deben proporcionar comida, agua, supervisión adulta, servicios médicos de emergencia, baños, lavabos, control de temperatura y ventilación. También limitó a 72 horas el tiempo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) puede detener a menores inmigrantes. Posteriormente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. asume la custodia de los menores.
El gobierno de Biden logró rescindir parcialmente el acuerdo el año pasado. Gee dictaminó que la supervisión judicial especial podría finalizar cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) asuma la custodia, pero estableció excepciones para ciertos tipos de centros para niños con necesidades más urgentes.
Al argumentar contra el intento de la administración Trump de rescindir por completo el acuerdo, los defensores afirmaron que el gobierno retenía a niños más allá de los plazos establecidos. En mayo, la CBP retuvo a 46 niños durante más de una semana, incluyendo seis niños que estuvieron retenidos durante más de dos semanas y cuatro niños que estuvieron retenidos durante 19 días, según datos revelados en un expediente judicial. En marzo y abril, la CPB informó que tuvo a 213 niños bajo custodia durante más de 72 horas. Esto incluyó a 14 niños, incluyendo bebés, que estuvieron retenidos durante más de 20 días en abril.
El gobierno federal busca ampliar su espacio de detención de inmigrantes, incluso mediante la construcción de más centros como uno en Florida llamado “Alligator Alcatraz”, donde una demanda alega que se están violando los derechos constitucionales de los detenidos.
Gee aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de los defensores legales de los niños inmigrantes para ampliar la supervisión independiente del trato que reciben los menores retenidos en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Actualmente, el acuerdo permite inspecciones por parte de terceros en las instalaciones de las regiones de El Paso y el Valle del Río Grande, pero los demandantes presentaron pruebas que demuestran largos periodos de detención en las instalaciones fronterizas, lo cual viola los términos del acuerdo.
