CNN.
Un juez federal anuló el jueves la política de “libertad condicional en el lugar” del gobierno de Biden que otorgaba estatus legal a ciertas personas indocumentadas casadas con ciudadanos estadounidenses.
El juez de distrito estadounidense J. Campbell Barker había suspendido previamente administrativamente la regulación, que se implementó a principios de este año cuando el presidente Joe Biden se postulaba para la reelección, mientras el juez analizaba la demanda presentada por Texas y otros 15 estados. La política protegía de la deportación a determinados cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y les permitía trabajar legalmente en el país mientras buscaban la ciudadanía.
En su fallo del jueves sobre el fondo del caso, Barker, designado por el presidente electo Donald Trump durante su primer mandato, dijo que el Congreso no había dado al poder ejecutivo la autoridad para implementar esa política. Escribió que “la historia y el propósito confirman que la opinión de los acusados” sobre la ley de inmigración pertinente “extiende la interpretación legal más allá de su punto de quiebre”.
El caso es uno de varios desafíos legales en curso a las políticas de la administración Biden que la administración entrante de Trump podría negarse a defender después de que la Casa Blanca cambie de manos.
Barker rechazó una solicitud de personas que se beneficiaron del programa para intervenir en el caso para que también pudieran defender la política.
La política se habría aplicado a personas que han estado viviendo en Estados Unidos durante 10 años y se habría aprovechado la autoridad legal existente conocida como “libertad condicional en el lugar” que ofrece protección contra la deportación. Además de los cónyuges, la política también se aplicaría a los hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses.
Como informó anteriormente CNN, se estima que el programa podría afectar directamente a entre 750.000 y 800.000 personas. Eso podría haberlo convertido en el programa de ayuda más amplio del gobierno federal desde la implementación en 2012 del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran menores de edad.
Actualmente, el programa DACA es objeto de un recurso legal que lleva años en curso . A principios de este otoño, un tribunal de apelaciones escuchó los argumentos sobre el fallo de un juez que consideró ilegal el programa DACA, pero permitió que continuara para los inscritos actuales mientras se resolvía una apelación.
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