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Un juez federal extendió el jueves un acuerdo judicial que garantiza condiciones seguras y sanitarias para los niños migrantes bajo custodia federal, un día después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se dispusiera a comenzar un automonitoreo.
El acuerdo originalmente finalizó el miércoles, pero la jueza de distrito Dolly M. Gee en California decidió extenderlo por 18 meses.
“CBP aún no es capaz de cumplir plenamente con sus responsabilidades bajo el Acuerdo de 2022 y el FSA (Acuerdo de conciliación de Flores) sin el apoyo adicional proporcionado por el JCM (Monitor de atención juvenil) y el Tribunal”, escribió la jueza en su orden.
Aduanas y Protección Fronteriza no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Un monitor designado por el tribunal continuará visitando e informando sobre las condiciones de los niños bajo custodia en las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Valle del Río Grande y El Paso, Texas.
Las preocupaciones surgieron inicialmente durante la primera administración de Trump cuando surgieron informes sobre niños separados de sus familias durante semanas y retenidos en malas condiciones sanitarias. En 2019, un adolescente guatemalteco murió bajo custodia como resultado de un brote de gripe y la falta de atención médica adecuada en un centro federal en Weslaco, Texas.
Las partes llegaron a un acuerdo que se implementó en julio de 2022 por dos años y medio. Esto permitió que un supervisor judicial hiciera un seguimiento de los avances logrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En el último informe presentado en diciembre, el supervisor señaló cambios positivos y también mencionó una práctica continua de separar a algunos padres de sus hijos durante el tiempo que estaban detenidos.
El monitor informó posteriormente al tribunal sobre discrepancias con los datos de Aduanas y Protección Fronteriza que sugieren que la agencia no informó el número de niños que habían excedido el tiempo recomendado de custodia de tres días.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tenía previsto empezar a supervisar sus instalaciones el miércoles. La agencia dijo en diciembre que estaba preparada para la tarea después de emitir nuevas directrices sobre la unidad familiar y aumentar la formación sobre políticas, directrices y reglamentos de detención que redujeron la supervisión judicial bajo la administración Biden. Los demandantes argumentaron que la agencia no estaba preparada, citando el testimonio de menores retenidos en las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza, y solicitaron la renovación del acuerdo judicial.
“Ningún niño debería ser obligado a pasar semanas dentro de una celda sin ventanas, con ropa sucia y sin acceso al exterior. Nos sentimos aliviados de que el tribunal haya decidido obligar a la CBP a cumplir con sus obligaciones en virtud del acuerdo”, dijo Mishan Wroe, abogado principal del Centro Nacional de Derecho Juvenil, en un comunicado.
Los funcionarios de Trump han dicho que planean poner fin a las políticas de “captura y liberación” y detener la liberación de migrantes en Estados Unidos mientras esperan audiencias en los tribunales de inmigración. Los cambios podrían resultar en tiempos de detención más largos que excedan las 72 horas recomendadas por el tribunal para las familias.
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